La Comisión Anticorrupción del Congreso local entregó 59 requerimientos de información a la secretarías del Estado y múltiples dependencias federales, a fin de avanzar con el desafuero del gobernador Samuel García, y así sancionarlo.
Y luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el gobernador Samuel García utilizó el Cuarto Informe de Gobierno para promoverse, Itzel Castillo, Presidenta del Congreso local, mencionó que no descartan convocar a un periodo extraordinario para imponer una sanción administrativa al Ejecutivo.
“Invitaríamos a todos los diputados, a todos los integrantes de la comisión, pues que obviamente ya le demos salida a estos temas, van a llegar poco a poco las demás resoluciones, porque no solamente son 13 en las que ha faltado a la Ley el gobernador actual, Samuel García, sino que ha de haber más.
“Debemos de sancionar y yo espero que los diputados que integran la comisión y los diputados que integramos esta legislatura podamos sancionar como debe de ser. No podemos permitir que cualquier persona infrinja la Ley”, aseveró.
Castillo añadió que, la sanción que deben imponer es ajena a los tres juicios políticos que ya sigue la Comisión Anticorrupción.
Por su parte, Armida Serrato, presidenta de la Comisión Anticorrupción, informó que fueron remitidos 59 oficios a distintas dependencias e instancias estatales, organismos electorales y autoridades jurisdiccionales.
“Una vez que las dependencias remitan la información dentro de los próximos seis días hábiles, se va a presentar a la comisión un informe previo para poder establecer y confirmar todas las pruebas adicionales que podamos tener en estos tres juicios políticos en contra del gobernador, y partir de este momento tener un dictamen final que pueda presentarse ante el Pleno del Congreso”, puntualizó.
La legisladora priista puntualizó que deberían desaforar al gobernador para posteriormente imponer sanciones, multas o hasta inhabilitación.
“Las sanciones administrativas para los funcionarios públicos van desde la amonestación pública o privada hasta la inhabilitación. Entonces, al final de cuentas es una sanción administrativa grave, la que se considera que violó el gobernador”, apuntó.
Serrato explicó que hubo resistencia en la Secretaría de Finanzas y Tesorería, pues el documento remitido no reconocía a Ulises Carlín como encargado de Despacho.
Perla Villarreal, coordinadora del PRD, consideró que la Sala Superior confirma que los procesos que le siguen al gobernador Samuel García son los correctos.
“Nosotros ya lo habíamos explicado y hoy el TRIFE nos da la razón. Además, creo que esto ilustra lo que hemos venido trabajando en la Comisión Anticorrupción, o sea, ratifica el proceso que hemos llevado a la Comisión Anticorrupción, que es el que el Congreso tiene el poder de sancionar al gobernador”, agregó.
La perredista confió en que durante el receso legislativo puedan sacar dichos temas.
En defensa, Sandra Pámanes, coordinadora de Movimiento Ciudadano, aseguró que solo debe ser una sanción, y no iniciar otro juicio político.
“Puede ser hasta una de dos, o amonestación o multa únicamente, nada más, juicio (político) no”, declaró.
La emecista anticipó que PRI y PAN aprovechen la coyuntura para ir en contra del gobernador, cuando, subrayó, la Sala Superior confirmó que el Ejecutivo no cayó en actos anticipados de campaña.
“El PRI y el PAN han querido maximizar este tema, hacer una narrativa de violación a las leyes electorales y de ahí en adelante incluso establecer juicio político en contra del gobernador con una serie de irregularidades durante todo este proceso. Entonces, no dudo nadita de que esto vuelva a ser utilizado de la misma manera”, finalizó.
La Fiscalía General de la República ya tiene en su poder una denuncia presentada por militantes de Morena y su dirigencia estatal en contra del gobernador Samuel García por el presunto delito de peculado, por la presunta triangulación de recursos públicos a despachos familiares.