La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inició la discusión de la reforma propuesta por el Ejecutivo para trasladar la adscripción de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa.
El proyecto suprime la denominación de “institución policial de carácter civil” y define a la Guardia Nacional como “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.
Otorga asimismo a la corporación la facultad constitucional de investigar los delitos.
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, señala la adición propuesta al artículo 21 de la Constitución Política.
Establece además que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública.
En la exposición de la iniciativa de reforma constitucional, el Ejecutivo sostuvo que el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa tiene como propósito hacer frente a la violencia e inseguridad generadas principalmente por el crimen organizado.
Se busca que la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de la Defensa, “desde luego no con funciones de Ejército en estado de guerra, ni de excepción, sino precisamente regida por normas y principios de seguridad pública que, contrario al uso de las fuerzas armadas del pasado, están obligadas a respetar los derechos humanos y solo actúan en el marco de la ley”, señala.
Al fijar sus posiciones iniciales, los diputados Jorge Triana, del PAN, y Braulio López, de MC, denunciaron la militarización de la seguridad pública y anticiparon el voto de sus respectivos grupos parlamentarios en contra del dictamen.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, recordó que su bancada respaldó la extensión de la participación militar en tareas de seguridad hasta 2028, pero para que el gobierno federal construyera una Guardia Civil.
“El PRI les dio la oportunidad de construir una Guardia Civil cuando nosotros votamos porque el Ejército pudiera estar más tiempo colaborando en materia de seguridad hasta el 2028 y esto fue para darles un espacio para que hicieran su Guardia Civil”, dijo.
Hamlet García, de Morena, y Gerardo Fernández Noroña, del PT, defendieron la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, y pidieron a la oposición sumarse al proyecto que en cualquier caso aprobarán con su mayoría.
LG