Ante la guerra con drones chinos protagonizada por grupos del crimen organizado en Michoacán y Guerrero, la Cámara de Diputados se ha mantenido al margen del tema y aunque legisladores de Morena y el PAN han presentado entre 2019 y 2023 cuatro iniciativas para regular la operación de dichas aeronaves, ninguna de ellas ha sido siquiera discutida en comisiones.
MILENIO reveló este martes que tan sólo en los últimos dos años se han decomisado en Michoacán 23 drones hechos en China y adaptados por la delincuencia organizada para soltar artefactos explosivos contra autoridades, población civil y grupos antagónicos.
En ese contexto, la más reciente iniciativa para enfrentar dicha situación fue suscrita por la legisladora morenista María Eugenia Hernández y presentada el 2 de febrero, reconociendo que, “ante el desarrollo incontrolable de los drones y el acceso a ellos”, existe el riesgo de que sean utilizados para actividades ilícitas y pongan en peligro la seguridad de las personas.
“Tales actividades de riesgo son las relativas a espiar, invadir los ámbitos privados de las personas, difundir mensajes no autorizados, arrojar objetos e incluso utilizar los drones como armas para agredir personas o instalaciones”, señala.
Plantea por ello incorporar a la Ley de Aviación Civil el concepto de “aeronaves pilotadas a distancia o drones” y establecer una serie de obligaciones y restricciones para su operación, como la prohibición de “hacer lanzamientos o descargas de objetos” y contar con autorización para volar sobre eventos masivos.
Previamente, el diputado panista Carlos Alberto Valenzuela propuso en octubre de 2019 un proyecto de reformas a las leyes de Aviación Civil y de Seguridad Privada, en el que advirtió que los drones o aeronaves autónomas modificadas pueden vulnerar la seguridad pública, la aeronáutica civil, comercial o de mensajería, e incluso la seguridad nacional.
“Al ser modificados, (los drones) pueden corromper el propósito de su invención con fines delictivos, beligerantes o de agresión a instalaciones estratégicas de la nación”, alertó.
Llamó por ello regular y disponer un control para el uso de equipos de vigilancia basados en el uso de aeromodelos o aeronaves autónomas, particularmente por parte de empresas privadas de seguridad.
A su vez, la entonces legisladora morenista Rocío Barrera presentó también en octubre de 2019 una iniciativa de reformas al Código Penal Federal para castigar el uso de los drones en actividades ilegales.
“Estos aparatos son herramientas sumamente sofisticadas, de las que se valen los delincuentes para monitorear o vigilar a sus víctimas, por lo que vale la pena discutir sobre la pertinencia de castigar el uso de estos dispositivos, exclusivamente cuando se confirme que fueron empleados para cometer un delito”, señaló.
Propuso imponer hasta diez años de prisión a quien haga uso de drones, aeronaves no tripuladas, autónomas, aeromodelos, globos libres no tripulados y sistemas de aeronaves pilotadas a distancia como instrumentos para cometer robo a casa habitación.
El diputado Carlos Alberto Valenzuela presentó adicionalmente en febrero de 2020 otra iniciativa de modificaciones y adiciones a la Ley de Puertos para restringir el sobrevuelo de drones sobre zonas marítimas y puertos, con el fin de impedir el monitoreo de maniobras navales militares y mercantes, entrada y salida de cargamentos, posicionamiento de buques y reservas de combustible, así como prevenir el ataque a trabajadores y civiles dentro de estas zonas.
JLMR