En medio de los señalamientos sobre un pacto de impunidad entre la 4T y Alejandro Moreno, la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados instalará esta tarde la Sección Instructora que se encargará de resolver la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Campeche contra el legislador y dirigente nacional del PRI, por enriquecimiento ilícito.
Así, casi un mes después de que el pleno cameral aprobó su integración el pasado 3 de septiembre, la Sección Instructora iniciará hoy sus trabajos y, entre sus primeras acciones, estará la de solicitar a la Secretaría General el expediente del caso de Moreno.
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El órgano jurisdiccional en el Palacio de San Lázaro está conformado por dos diputados de Morena, Jaime Humberto Pérez y Leonel Godoy, así como José Elías Lixa, del PAN, y Rubén Moreira, del PRI.
Dicha integración prefiguraba un eventual escenario de empate en las votaciones (dos de Morena contra dos del bloque opositor) antes del virtual rompimiento de la coalición Va por México, debido al resurgimiento de la alianza PRI-Morena (el PRIMor) para impulsar la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028.
En declaraciones previas, los cuatro legisladores ofrecieron, sin embargo, conducir sus trabajos bajo criterios estrictamente jurídicos, sin sesgos de carácter político.
Según el fiscal de Campeche, Renato Sales, existen suficientes elementos para acreditar la responsabilidad de Alejandro Moreno por el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de dicha entidad.
Como ejemplo de ello, detalló que tan solo la residencia de Moreno en la capital campechana tiene un valor de 130 millones de pesos, además de una colección de cuadros, esculturas y piezas artísticas valuadas en 50 millones más.
LP