El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios para limitar los gastos y costos relacionados con la contratación de deuda por parte de dichos órdenes de gobierno a un máximo de 0.15 por ciento del total del financiamiento.
Con 276 a favor, 182 en contra y dos abstenciones, los diputados federales avalaron el proyecto que, a juicio de Morena y sus aliados, asegura que estados y municipios contraten su deuda al menor costo financiero y bajo las mejores condiciones de mercado para destinarse a inversiones públicas productivas, reestructura o refinanciamiento.
No obstante, los grupos parlamentarios de la oposición calificaron la reforma como una ocurrencia más que ahonda las diferencias entre municipios grandes y pequeños, pues estos últimos no podrán siquiera pagar los costos de agencias crediticias para la contratación de financiamiento.
La reforma turnada al Senado para su análisis y ratificación incorpora el concepto de gastos y costos sobre contratación como aquellos relacionados con la celebración del financiamiento como comisiones de apertura, comisiones por disposición, comisiones por estructuración, costos por la contratación de calificadoras, de instrumentos derivados y garantías de pago, sin incluir honorarios por asesoría profesional, técnica, legal y financiera.
Establece que los entes públicos podrán destinar hasta 0.15 por ciento del monto de los financiamientos para cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación.
Al fundamentar el dictamen, la legisladora morenista Laura Imelda Pérez afirmó que la reforma permitirá avanzar hacia una estabilidad de las finanzas públicas en el país, estados y municipios.
“La contratación y uso responsable de deuda pública, es fundamental para contribuir a la estabilidad macroeconómica y financiera de México en el corto y largo plazo. La deuda pública debe contraerse, siempre, en beneficio de la sociedad, apegándose a los principios de responsabilidad hacendaria y procurando, en todo momento, el equilibro presupuestario y la disciplina financiera, como lo establece la Constitución”, dijo.
Por el PAN, la diputada Patricia Terrazas calificó la modificación como un disparate y una ocurrencia, sin fundamento alguno para establecer el tope de 0.15 por ciento para gastos y costos de contratación de financiamiento.
“Hay leyes, se pueden hacer modificaciones siempre para mejorar, pero no empeoremos las condiciones económicas ya tan mal de los municipios y los estados”, puntualizó.
A nombre del PRI, Ildefonso Guajardo advirtió a su vez que las buenas intenciones no necesariamente se traducen en resultados, pues al establecer de manera puntual y estricta un tope de 0.15 por ciento se está abriendo una diferencia tremenda entre municipios pequeños y municipios grandes.
“Una restructuración de un estado del tamaño de Nuevo León por 10 mil millones, pues le da un margen de 15 millones con ese nuevo tabulador, pero a un municipio pequeño que quiere reestructurar 30 millones, los 45 mil pesos con que contaría con esta ley, no les da ni siquiera para pagar los costos de agencias crediticias”, alertó.
JLMR