Para evitar correr riesgos, los coordinadores de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y de Morena en el Congreso del Estado coincidieron en que el Gobierno del Estado debe de abstenerse de continuar con los convenios con la empresa ligada a Genaro García Luna.
El coordinador de los legisladores panistas, Carlos de la Fuente, comentó que, si la empresa ya está observada por la Fiscalía General de Justicia de la República, se debe de evitar mantener el vínculo con esa compañía.
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“Es un tema directamente del Ejecutivo. Nosotros hemos manifestado que, si ya están observadas por la Fiscalía General, hay que evitar mantener ese tipo de relación de parte del Ejecutivo del Estado, porque estamos no directamente cayendo en una falta, pero al menos es una observación ante una duda de una empresa que no ha hecho bien su función. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Fiscalía General.
“Desde un inicio ha sido bajo su propio riesgo y el Gobierno del Estado tendrá sus procedimientos para justificar la contratación de este tipo de empresas, pero creo que ante la duda que ya hay un acto ilícito de este tipo de empresas pudiéramos caer en otro tipo de delito”, explicó.
Esta versión surge luego de que el secretario de Seguridad Pública estatal, Aldo Fasci Zuazua, descartó deshacer los convenios con Nunvav Inc, empresa ligada a Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
Fasci Zuazua explicó que la contratación de los servicios fue por una sugerencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pero que no se harán cambios.
Al respecto, el coordinador de Morena, Ramiro González, dijo que el Gobierno Estatal debe de turnar el asunto a la Contraloría Interna y a la Auditoría Superior para que revisen bien.
“El Gobierno tiene que ser muy transparente en ese sentido y no solapar funcionarios, simplemente hay un egreso a una empresa que posiblemente tenga un vínculo y que de ahí se pueda derivar otras empresas en ese sentido.
“Creo que el Gobierno del Estado debe de enviarlo a su Contraloría Interna, pero también yo le pediría a la Auditoría Superior que revise muy bien ese tipo de empresas, y ver si los contratos fueron bien hechos y que no existió en un momento dado tráfico de influencias”, declaró.