La Cámara de Diputados recibió esta tarde la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Así lo confirmó la legisladora panista, Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, en un mensaje en redes sociales:
“He recibido, de la Presidenta de la República, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión. He solicitado su publicación en la Gaceta Parlamentaria para conocimiento de todas y todos”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se refirió también a la recepción de la propuesta presidencial y anticipó que los legisladores trabajarán en el nuevo marco legal para sancionar y erradicar ese delito.
“En la Cámara de Diputados recibimos de la presidenta Claudia Sheinbaum la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Trabajaremos para dar al país un marco legal que castigue y elimine este ilícito”, subrayó.
¿Qué implica la ley contra delitos de extorsión?
El nuevo ordenamiento deriva de la reciente reforma constitucional para otorgar al Congreso la facultas de expedir la ley en la materia, con el fin de unificar en todo el país el tipo penal de extorsión, así como sus agravantes, delitos vinculados y sanciones, para prevenir, investigar y castigar dicha conducta.
Extorsión, delito en aumento
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia del delito de extorsión creció 58 por ciento en tan solo seis años, al pasar de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025.
En su exposición, la iniciativa de reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión en septiembre señala que una problemática para el combate eficaz de este delito a nivel nacional es la falta de homologación de las penas.
Actualmente, los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de cuatro años con seis meses y 12 años de pena máxima, lo que evidencia una discrepancia aritmética notable entre las penas previstas.
Mientras que en el ámbito federal la penalidad es de dos a ocho años, en Oaxaca las penas van de uno a tres años, y en Chihuahua oscilan entre 5 y 30 años, por citar algunos ejemplos, detalla.
IOGE