La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados discutirá y votará este lunes un proyecto de controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas, por considerar que el “blindaje” aprobado por los legisladores locales para el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ante el proceso de desafuero en el Palacio de San Lázaro carece de fundamento constitucional y legal.
Por mayoría, la legislatura de Tamaulipas aprobó el pasado 2 de marzo el acuerdo para establecer las reglas del “procedimiento de homologación” sobre el desafuero de funcionarios de la entidad.
Según dicho acuerdo, una vez que la Mesa Directiva o la Junta de Coordinación Política del Congreso tamaulipeco reciban la notificación de la Cámara de Diputados para proceder penalmente contra el gobernador, “se procederá a sustanciar el procedimiento de homologación para determinar la existencia de un hecho constitutivo de delito federal y la responsabilidad de los sujetos”.
Sin embargo, el proyecto de controversia constitucional de 14 páginas al que MILENIO tuvo acceso subraya que la Cámara de Diputados es la única encargada de declarar si da lugar o no a proceder contra el inculpado.
En consecuencia, la declaración de procedencia que en su momento determine la Cámara de Diputados se remitirá a la legislatura local “únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento”.
“Las reglas del procedimiento de homologación que se impugnan buscan desarrollar y reglamentar una supuesta ‘homologación’, prevista por el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que no tiene fundamento constitucional en la Constitución Federal ni en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, subraya el documento.
Por ello, la Cámara de Diputados, por conducto de su presidenta Dulce María Sauri, pedirá a la Suprema Corte de Justicia declarar la invalidez del “blindaje” aprobado por la mayoría del PAN y sus aliados en el Congreso de Tamaulipas.
RLO