La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acordó discutir y votar el próximo martes 13 el dictamen de la iniciativa para ampliar de 2024 a 2028 el plazo límite para la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública.
El presidente de la comisión, Juan Ramiro Robledo, subrayó, sin embargo, que dará trámite ordinario a la propuesta de la legisladora priista Yolanda de la Torre, sin “brincar” plazo alguno.
Anticipó, asimismo, el respaldo de la mayoría parlamentaria de Morena a la iniciativa.
“Yo creo que sí, mi opinión es a favor, porque, en medio de la gran discusión acerca del papel de las fuerzas armadas permanentes y la conformación de la Guardia Nacional, una propuesta para prorrogar el plazo constitucional que le ha dado el Congreso al Presidente de la República como un permiso excepcional, temporal, para que pueda disponer en materia de seguridad pública de las fuerzas armadas regulares, pues desde luego que le da un enorme un mejor acomodo a la discusión”, dijo.
El legislador morenista negó motivos políticos en la presentación de la iniciativa o en el trámite reglamentario que acordó este lunes la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales.
La diputada priista Yolanda de la Torre presentó el viernes pasado una iniciativa para modificar el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional, a fin de aplazar hasta 2028 la participación activa de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
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El texto de la propuesta considera ampliar de cinco a nueve años dicho periodo de transición.
“Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, plantea la iniciativa.
Por tratarse de una reforma constitucional, la Cámara de Diputados, y después del Senado de la República, requieren la mayoría calificada de dos terceras partes de los votos para aprobarla, además de requerir la ratificación de al menos 17 de los 32 congresos locales.
EHR