Del edificio de Zapata 56, en la alcaldía Benito Juárez, solo queda el estacionamiento subterráneo, aún lleno de escombros. A dos años del sismo de magnitud 7.1 que azotó a Ciudad de México el 19 de septiembre, en el interior todavía está ahí un auto compacto blanco semisepultado entre toneladas de cemento.
En el lugar se encuentran Anahí Abadía y su esposo Led Ramírez mirando el vehículo desvalijado por oportunistas. Ese auto atascado entre escombros es la metáfora perfecta de lo que ha sucedido con el proceso legal para que ellos, como damnificados, accedan a la justicia.
“Ha sido un proceso muy largo y más porque se nos cruzó el cambio de administración. El gobierno, después de que nosotros nos convertimos en damnificados, esperaba que nos convirtiéramos en expertos de la construcción”, dice Abadía, habitante del edificio colapsado, quien solo disfrutó de su hogar seis meses.
El joven matrimonio, junto con otros vecinos, demandó ante la la Procuraduría General de Justicia capitalina a la Constructora Canadian Building Systems de México por fraude y asociación delictuosa bajo el argumento de que desde los socios, representantes legales, administradores, el DRO y hasta los vendedores sabían que se estaba cometiendo un acto ilícito.
Ahora se sabe que los peritajes realizados coinciden en que el conjunto Residencial San José estaba mal diseñado, contaba con materiales de baja calidad y presentaba anomalías como que la memoria de cálculo estructural “no corresponde a los planos presentados”, además de que la cimentación diseñada “no corresponde con lo asentado en el estudio de mecánica de suelo”.
Abadía recuerda cómo al venderle el departamento le explicaron que el edificio, que a penas tenía un año de construcción, contaba con un sistema de gatos hidráulicos como parte de un sistema antisísmico que la empresa estaba desarrollando.
“En la página también mencionaban esa tecnología antisísmica, que después del sismo esa información desapareció”, aseguró la mujer.
El abogado Reynaldo Sandoval señala que la carpeta de investigación tiene un año integrada con más de 50 pruebas, pero que a pesar de eso no se ha podido llevar a cabo ante el órgano judicial la audiencia necesaria para el libramiento de órdenes de aprehensión o para someterlos a proceso penal.
“Por negligencia, ineptitud, indolencia simple y sencillamente impunidad”, acusa el abogado, quien responsabiliza al Ministerio Público y a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez.
Además, denunciaron a cinco funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, incluido el entonces delegado Christian von Roehrich, porque permitieron que se construyera violando toda la normativa como el director general de Obras Desarrollo Urbano, Nicias Aridjis Vázquez.
“Se presentó la denuncia a los pocos días del sismo y a dos años la fiscalía no ha remitido el expediente al área de servidores públicos para que hagan la investigación correspondiente. El terremoto no tiró al inmueble de Zapata 56, lo que lo tiró fue las malas prácticas corruptas de algunos servidores públicos y de estos particulares”, señala el abogado.
Hasta la fecha no hay ninguna persona ni funcionario detenido por la muerte de Karla Kaori Santos Sánchez, de 30 años de edad, y Matilde Téllez Cárdenas, de 63, quienes trabajaban haciendo limpieza en uno de los departamentos, ni por los daños patrimoniales a las familias damnificadas.
“Con el mensaje que hasta el momento dan estas autoridades me parece que el incentivo es adverso, la motivación es ‘háganlo, síganlo haciendo, no va a pasar nada’ y eso es impunidad”, concluye el abogado.
El 11 de diciembre de 2017 la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México oficializó la detención de Juan Duay Huerta, Director Responsable de Obra, acusado de homicidio culposo por otorgar un certificado de seguridad estructural del edificio ubicado en Zapata 56, pero fue liberado a finales de febrero de 2018.
En su momento, Edmundo Garrido, entonces titular de la procuraduría capitalina, dijo que Duay Huerta debía ser sancionado con base en el artículo 329 bis del Código Penal y el artículo 123 del mismo ordenamiento, por lo que podría obtener sentencias de hasta 25 años de prisión.
Pero la defensa de Duay Huerta logró su libertad al alegar que fue responsabilidad de la delegación Benito Juárez, encabezada por Christian von Roehrich, entregar los permisos para la construcción del edificio colapsado.
El abogado Sandoval explica que Duay Huerta fue judicializado, es decir, llevado ante el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de CdMx con motivo de los hechos del homicidio, pero no fue referido por el fraude en la construcción.
Duay Huerta fue la segunda persona detenida, la primera fue Jaime Smith Ríos, corresponsable de instalaciones del mismo edificio, a quien se le vinculó a proceso pero salió libre al probar que él solo estuvo encargado de las instalaciones de agua, luz y gas.
“Sí me gustaría pedir justicia, que se encarcelara a los dueños de la constructora, a los del pasado gobierno que dieron esos permisos, que se les castigara y que sea un referente para que no vuelva a suceder”, remata Ramírez, quien sujeta de la mano a su esposa.