A propuesta de Morena, la Legislatura local buscará cerrarle el paso como candidatos en las elecciones de 2021, a quienes no están al corriente en el pago de pensiones alimentarias, tengan antecedentes de violencia familiar ni por delitos sexuales. Para ello buscan reformar el Código Electoral y otros ordenamientos antes del primero de octubre.
Lo mismo ocurre para los funcionarios públicos por designación, como es el cargo de Fiscal General de Justicia, agente o policía ministerial, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, así como los jueces y magistrado del Poder Judicial mexiquense, secretario de ayuntamiento, además de quienes quieren entrar a trabajar o permanecer en el Poder Legislativo.
La iniciativa del diputado Gabriel Gutiérrez Cureño, aumenta los requisitos para ser diputado, edil o gobernador y estos son: no tener antecedentes como persona agresora por violencia familiar; ni por delitos contra la libertad sexual y, o ilícitos de violencia de género en cualquiera de sus modalidades ni ser deudor alimentario.
Esto como respuesta a la demanda de organizaciones sociales que acudieron al Congreso a principios del año para promover la 3 de 3 electoral en la entidad, como lo han hecho en otros estados del país, para frenar la violencia desde las altas esferas del poder.
La iniciativa que reforma diversos artículos del Código Electoral, la Constitución, la Ley del Trabajo, las leyes orgánicas del Poder Legislativo y del Judicial, Municipal, de la Administración Pública y de Responsabilidades Administrativas fue turnada a comisiones para su análisis.
Durante la presentación del documento, en tribuna, señaló que aun cuando en el discurso los altos funcionarios públicos condenan este tipo de violencia, en la práctica la generan, la consienten o no hacen nada para combatirla desde el ámbito de sus atribuciones.
Recordó que la violencia en contra de las mujeres en México, y particularmente en la entidad es alarmante, pues más de la mitad de las mexiquenses reporta haber vivido algún incidente de violencia en uno o varios ámbitos, mientras que las estadísticas de homicidios dolosos de mujeres registradas reflejan un incremento de más de 200 por ciento.
El morenista sostuvo que desde la legislación se debe garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar y permanecer en dichos cargos, pues desempeñar un cargo público no es un privilegio de la clase gobernante, conlleva una gran responsabilidad para dar un trato digno a la ciudadanía.
“El mensaje que se transmite con la presente iniciativa es claro: impedir que quienes tengan antecedentes como agresores por violencia familiar, violencia sexual, violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, ingresen al servicio público y permanezcan en él, al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de las mexiquenses”, apuntó Gutiérrez Cureño.
MMCF