Los gobiernos federal y del Estado de México acordaron reunir 640.1 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), enfocado a dar cumplimiento a las estrategias nacionales para fortalecer las capacidades de lucha contra el crimen.
En el convenio que signaron se establece que la federación dará al estado 512.5 millones de pesos y la entidad se compromete a aportar un 25 por ciento extra, es decir, 128 millones de pesos, que potencializan el monto al llegar a poco más de 640.1 millones de pesos.
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Por ley estos recursos están etiquetados para atender el desarrollo de capacidades de las instituciones locales, profesionalización y certificación policial; tecnología, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policía; especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas; implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios.
Además, del fortalecimiento al sistema penitenciario del país y de ejecución de medidas para adolescentes, el desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos, para el sistema nacional de información, el sistema de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas, así como el fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.
La entidad se comprometió a ejercer los recursos del FASP observando los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Para recibir los recursos el Estado de México abrirá una cuenta específica para ello. El destino de la aportación federal deberá reportarse a la Auditoría Superior de la Federación y los de la entidad a la Cuenta Pública local, se debe informar mensual y trimestralmente los avances y publicarlos en internet.
También les piden abstenerse de adquirir uniformes o vehículos con colores, imágenes diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso exclusivo de las fuerzas armadas nacionales, en caso contrario sería sancionado e incluso deben establecer medidas de revisión y control permanente para garantizar que ninguna corporación municipal o privada lo haga.
El dinero que no sean utilizados al 31 de julio de este año deberán ser reintegrado a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero.
El convenio fue firmado por el gobernador, Alfredo Del Mazo Maza y otras autoridades estatales y a nivel federal por el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Efraín Cota Montaño.
MMCF