A pesar de los avances legislativos en materia de género en el Estado de México, la ley no reconoce la violencia patrimonial, psicológica, sexual y económica que está presente en muchos casos de violencia intrafamiliar.
Por esa razón, la diputada Sara Domínguez Álvarez propuso al pleno legislativo reformar los Códigos Civil y Penal de la entidad para no dar tregua a la violencia que afecta a la mitad de la población mundial.
En el caso del Código Civil planteó incluir la violencia económica, que hace referencia a la restricción o limitación de bienes y recursos de una persona y la familia en general para tenerla controlada y limitar sus posibilidades de liberarse del control.
Mientras que en el Código Penal además de la violencia física o moral, se debe sumar la psicológica, patrimonial, sexual y económica que forman parte de la violencia familiar que tanto afecta a muchos hogares de todo el país.
Este tema, subrayó, es impostergable en la agenda pública y no puede ser ignorado por los efectos y daños sociales.
El combate a la violencia familiar, dijo, es uno de los temas de la agenda pública que no debe ser postergado y mucho menos ignorado, pues este afecta a más de la mitad de la población mundial.
En la exposición de motivos de la iniciativa dio a conocer que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), de enero a septiembre del año 2020, en el país, 9 por ciento de los hogares registraron algún tipo de violencia familiar, siendo junio, julio y agosto los meses de mayor incidencia.
Además, señaló que la encuesta nacional ENDIREH 2016 colocó a los estados de Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Estado de México y Veracruz, como las entidades con más casos de violencia económica y patrimonial.
Actualmente, resaltó, la normatividad local en materia de violencia familiar no contempla todas las formas en que ésta puede llevarse a cabo, de ahí la necesidad de reformar diversas disposiciones del Código Penal, Civil y de la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de México, para brindar una mayor protección jurídica a los integrantes de las familias mexiquenses.
La propuesta realizada en nombre del grupo parlamentario del PRI, se turnó para su estudio y dictamen a las Comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres por Feminicidio y Desaparición.
MMCF