PAN insiste en que uso de cubrebocas sea obligatorio y multas si no se cumple

Contemplan primero la amonestación y en caso de reincidencia una multa de 5 a 10 UMAS, es decir, entre 430 a 860 pesos o bien por trabajo comunitario.

La propuesta fue encabezada por los diputados Anuar Azar Figueroa, Brenda Escamilla y Javier González. (Especial)
Claudia Hidalgo
Toluca /

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) propuso reformas al Código Administrativo de la entidad y la Ley Orgánica Municipal para reglamentar y hacer obligatorio el uso de cubrebocas en la entidad, por considerarlo como el mejor método para controlar la propagación del coronavirus.

Contemplan como primera sanción la amonestación y en caso de reincidencia una multa de 5 a 10 Unidad de Medida y Actualizació (UMAS), que equivale a montos que van de 430 a los 860 pesos o bien por trabajo a favor de la comunidad para no dañar la economía de los mexiquenses.

La propuesta fue encabezada por los diputados Anuar Azar Figueroa, Brenda Escamilla y Javier González, luego que hace dos semanas el Pleno emitió un exhorto para pedir a los municipios que se abstengan de sancionar a quien no use cubrebocas porque ante la falta de un protocolo podría violentar derechos humanos.

“La grave administración de la pandemia apremia la necesidad de mejorar las políticas, pues en los primeros 15 días de contagio en el territorio nacional se registraron apenas 37 fallecidos, mientras que en los últimos cinco días se registraron en promedio 24 defunciones en cada hora. Y el Estado de México no está exento de resultados negativos, pues se encuentra en el segundo lugar con más fallecimientos, con 13 por ciento del total en el país y también está en el segundo lugar de contagios, con el 12 por ciento a nivel nacional”.

Acotar los cargos del Infoem

La petista Imelda Montiel presentó una iniciativa para actualizar la Ley de Transparencia con el fin de definir claramente el plazo de siete años por el cual son nombrados los comisionados y comisionadas, para que no permanezcan en el cargo hasta que la Legislatura haga el nuevo nombramiento, como ocurre actualmente, alargando su periodo por varios meses más.

El objetivo es que al terminar el plazo como comisionado deje el espacio y 60 días antes de ello se notifique al Congreso local para que lleve a cabo el proceso de selección del nuevo integrante del Instituto de Transparencia y no se tarde hasta un año como ha ocurrido últimamente.

Actualmente sigue en el cargo la comisionada Eva Abaid Yapur porque la Legislatura no ha emitido la convocatoria, sólo dio a conocer que ya va a llevar a cabo la selección pero sigue detenido el proceso.

Otros temas

En la sesión también se tomó protesta a Alfredo Medellín al frente de la titularidad de la Dirección General de Comunicación Social, a propuesta de la Junta de Coordinación Política para los siguientes cuatro años, en sustitución de Horacio Morales, quien presentó su renuncia al cargo el pasado 3 de agosto, a unos meses de concluir su encargo.

Asimismo, los diputados del Partido Verde (PVEM) pidieron adecuara el Código Financiero para disminuir el costo de los derechos para grabar en vías y locaciones de la entidad. Esto con la finalidad de impulsar más grabaciones en la entidad y con ello se promueva a los sitios turísticos de la entidad.

Además, Morena solicitó atender problemas de ansiedad, desorden alimenticio y depresión en niños y adolescentes, además de detectar y dar seguimiento a problemas de salud mental en este sector debido a que este tipo de problemas van a crecimiento y el 17 por ciento de las personas en el país tienen un problema de este tipo.

El Pleno aprobó por unanimidad la necesidad de pedir al gobierno que informe en qué estado se encuentra la concesión de Aleatica del Circuito Exterior Mexiquense (CEM) por considerar que es inadmisible que pretenda recuperar 87 mil millones de pesos porque nunca hizo una inversión de ese tamaño y ello equivale a más de dos veces la deuda pública total del Estado de México.

Mientras que el PRI consideró necesario exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para que se incentive la producción de maguey y sus derivados, como lo establece la ley que existe desde 2014 y las personas dedicadas a esta labor puedan estar en mejores condiciones.

MMCF

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