La bancada parlamentaria de Partido Acción Nacional (PAN) propuso al pleno de la Legislatura reformar varios ordenamientos estatales para garantizar la paridad de género en el gabinete estatal, el Poder Judicial, los ayuntamientos y en los órganos autónomos como el Instituto de Transparencia, Tribunal de Justicia Administrativa y la Comisión de Derechos Humanos.
Las diputadas Brenda Escamilla y Karla Fiesco consideraron necesario reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial donde sólo hay 11 magistradas en las 57 salas; la Ley de Administración Pública porque en el gabinete sólo hay cinco secretarías y la Ley Orgánica Municipal para que en las direcciones también lleguen mujeres.
El objetivo es que 50 por ciento de los espacios de alto nivel sean ocupados por ambos sexos y con ello se muestre realmente la paridad en todos los niveles y en la toma de decisiones del sector público, no sólo en las listas de candidatos a cargos de elección popular.
En el caso del Poder Judicial consideran que la elección del presidente o presidenta se deberá realizar de manera alternada, entre mujer y hombre, y que el número de magistrados sea dividido entre ambos géneros.
En el caso del Legislativo, donde en esta ocasión se logró la paridad, a través del voto popular, se pide que la Mesa Directiva se alterne, pues en el pasado sólo se nombraba a varones y en esta ocasión han sido más mujeres; el objetivo es que ambos tengan las mismas posibilidades. Además consideran indispensable que el lenguaje de género sea visible en cada norma.
Que no cobren titulares del DIF
Por otra parte, Morena consideró necesario ajustar la ley municipal para que las presidentas del DIF no cobren salario y quede claro que es un cargo honorífico. Esto, debido a que en otros momentos varios titulares han recibido pagos por esta función.
El diputado, Jorge García Sánchez, señaló que en ocasiones esos montos resultan ser hasta más altos que los correspondientes a áreas prioritarias, por lo que es necesario dejar bien asentado en la Ley de Asistencia Social que no pueden recibir algún beneficio económico por esta función, pero sí debe atender diversas obligaciones que le impone la ley.
Agrega que debe existir una comisaria o comisario de la Junta de Gobierno para vigilar la administración de los recursos y el funcionamiento del organismo, auditar sus estados financieros para garantizar un correcto manejo de los recursos públicos y este espacio no se convierta en la caja chica del ayuntamiento.
Ambos documentos fueron turnados a comisiones para su análisis en los siguientes días.
MMCF