A pesar de tener cuatro iniciativas de ley para bajar 50 por ciento el financiamiento público que reciben los partidos políticos, este fin de semana venció el plazo para hacer reformas electorales en el Estado de México, sin que la Legislatura local haya analizado y discutido el tema.
Los partidos tienen garantizados para el siguiente año más de mil 100 millones de pesos para sufragar sus gastos ordinarios, actividades específicas y promoción del voto por la renovación del ayuntamiento y el Congreso, sin importar que bajen los ingresos públicos o se extienda la pandemia y sus repercusiones.
La fórmula para calcular el financiamiento sigue intacta. Se obtiene de multiplicar el 65 por ciento del valor de la UMA por el número de electores inscritos en el padrón electoral, el cual es el más grande del país con 12.2 millones de electores.
La ley prohíbe hacer ajustes a la normativa electoral durante los 90 días previos al arranque del proceso electoral, el cual está programado por el Instituto Electoral para el 2 de enero del siguiente año, por lo que cualquier cambio que se haga de hoy en adelante, entrará en vigor hasta 2023, en las elecciones de gobernador.
Propuestas electorales
Durante esta Legislatura se acumularon 23 iniciativas de ley relacionadas con temas electorales, desde la homologación de la elección de gobernador con el proceso federal, hasta sanciones a la violencia política y la reducción de financiamiento público a los partidos políticos.
Sin embargo, muchos temas se quedaron en el “tintero” como el aumentar el financiamiento privado, modificar las reglas de distribución de los recursos públicos, hacer más debates, el uso de urnas electrónicas, la homologación de las elecciones, entre otras.
Para la reducción del financiamiento se acumularon cuatro propuestas. Una del PT, otra del PAN y dos de Morena, porque como la primera precluyó se volvió a presentar y se actualizó con una nueva vertiente que era etiquetar el dinero sobrante de los partidos para obra social.
Pero esta última se presentó a unos días de cerrarse el plazo, al igual que la del PES para que el dinero de las multas no se vaya solamente al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), por considerar que en tres años esto no ha rendido frutos, a pesar de los más de 100 millones de pesos que les han dado de manera extraordinaria.
Cabe resaltar que el tema del financiamiento ni siquiera se tocó en comisiones. A finales de 2019, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández, dijo que no había tiempo y que eso lo harían en 2020 para que impactará en las elecciones de 2021; sin embargo, hace un mes declaró que mientras no salga el tema a nivel nacional no podrán avanzar en el estado.
Lo aprobado para 2021
Lo que logró, en algunos casos por mayoría de votos fue:
- Todo lo relacionado con la violencia política en razón de género, desde el concepto, acciones, hasta el procedimiento para castigarlo y sanciones a partidos y la imposibilidad de registrarse como candidato si es deudor alimentario, cometió violencia política o delitos sexuales.
- La posibilidad de buscar la reelección siempre y cuando se pida licencia un día antes del arranque de las campañas.
- La reducción de regidores y síndicos en los 125 ayuntamientos.
- El cambio del arranque del proceso electoral de septiembre a enero.
Los proponentes
De las 23 iniciativas electorales que se lograron ubicar sólo se aprobaron siete, otra cifra igual precluyó porque pasó más de un año sin análisis en comisiones y siete más siguen en estudio, sin fecha para arrancar la discusión.
Morena y el PAN presentaron seis iniciativas cada uno, cinco el PRD, una el PT y PES, además cuatro fueron de carácter ciudadano. Entre estas últimas, un grupo de habitantes planteó la necesidad de reducir el número de representantes populares en el Congreso, tema que ha estado en la agenda desde anteriores Legislaturas, sin que hasta el momento se abra el estudio en comisiones.
MMCF