El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), tendrá cuatro meses más para entregar los informes de las auditorías de las cuentas públicas del gobierno estatal y entes municipales, para que puedan hacer revisiones a fondo y conocer el destino real de los recursos públicos.
Actualmente el plazo es de cinco meses y concluyen a finales de septiembre, pero con esta reforma a la Ley de Fiscalización la fecha se recorre hasta finales de enero y los diputados tendrán hasta marzo para votar los dictámenes, como ocurre en la mayoría de las entidades y la federación.
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Los integrantes de la comisión de Vigilancia del OSFEM tomaron en cuenta que esta es la entidad más voluminosa y la que maneja más recursos de todo el país, con un monto aproximado a 600 mil millones de pesos, entre los ayuntamientos y el gobierno estatal y aprobaron el dictamen por mayoría de votos.
La propuesta para modificar los plazos fue presentada por la bancada de Morena, la cual argumentó que en 67 por ciento de las entidades federativas el informe de resultados se presenta entre febrero y julio del siguiente año a la presentación de la Cuenta Pública, lo cual les da un margen de revisión de hasta 12 meses.
En el caso mexiquense, la Ley de Fiscalización actual plantea que la Cuenta Pública estatal se entrega a más tardar el 30 de abril siguiente al ejercicio fiscal. El OSFEM tiene hasta finales de septiembre para entregar el informe de resultados, es decir sólo cinco meses.
Con esta reforma, que sólo falta pasar por votación en el pleno, los auditores tendrán más tiempo para revisar obras, programas, resultados, además del destino que le dieron a los recursos, como lo han demandado desde hace unos años.
La comisión de Vigilancia del órgano fiscalizador tendrá hasta el 15 de marzo, es decir, 45 días para emitir el dictamen correspondiente y someterlo a votación del pleno. El Órgano, por su parte, podrá promover en cualquier momento denuncias ante la Fiscalía de Justicia, de Juicio Político o presunta responsabilidad administrativa.
Esto, tomando en cuenta que las actividades de fiscalización en el país se han vuelto cada vez más complejas, no sólo por la gran cantidad de información que generan las entidades, sino porque se entregan en su mayoría para su revisión de manera física, y limita su revisión oportuna e identificación de áreas de probable riesgo.
Esto obliga también a modernizar los procesos de trabajo de la institución, con el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación, para reducir tiempos y distancias, con la finalidad de identificar probables actos de corrupción, conductas irregulares, además de tendencias o patrones en el ejercicio de los recursos públicos, por lo que cobra relevancia el respeto irrestricto a los derechos de legalidad y seguridad jurídica.
Ya tampoco se consideran informes mensuales de los entes municipales, pues basta con hacerlo de forma trimestral para hacer las revisiones y ver cada tema con más perspectiva en el tiempo. Esto luego que este año no han podido hacer las entregas por la pandemia de covid-19
MMCF