El Pleno de la Legislatura del Estado de México turnó a comisiones nueve iniciativas de ley para su análisis donde, entre otros temas, se busca castigar con mayor rigor el robo en escuelas y prohibir el uso gorras, capuchas y/o lentes obscuros al abordar el transporte público con el fin de inhibir los asaltos, sobre todo en combis del Valle de México.
Además analizaron cuatro puntos de acuerdo donde acordaron un exhorto al presidente del Consejo Estatal de Gobierno Digital y al titular de la Secretaría General de Gobierno para que desarrollen e instrumenten herramientas tecnológicas que faciliten el bloqueo de los dispositivos móviles robados o extraviados y para que los 125 ayuntamientos promuevan la prohibición de venta de estos productos en tianguis o bazares locales.
La propuesta del diputado Andrés Sibaja busca que en la entidad se haga algo similar a la Ciudad de México, donde desde 2019 se pueden bloquear los celulares a través de una aplicación local que lanzó el gobierno capitalino y advierte de la existencia de varios mercados donde se venden estos productos sin problema alguno.
“En 60 por ciento de los robos el objeto del cual despojan a la población es el teléfono celular que en muchas ocasiones representan más de dos meses de salario de las víctimas'', acotó.
Medidas contundentes
La iniciativa de ley de la diputada Yesica Rojas Hernández busca reformar el Código Administrativo que establece que “al abordar un transporte que cuente con cámaras de video vigilancia, el usuario no se descubra el rostro y/o cabeza, aun cuando el chofer se lo pida y lleve puesta una gorra, capucha y/o lente obscuro, que impidan que la cámara grabe su rostro descubierto; pudiendo volver a usarlos al interior del transporte".
Durante la presentación que hizo en el Pleno indicó que los autobuses, microbuses y vagonetas mueven a 76 por ciento del total de pasajeros, pero uno de los principales problemas es garantizar la seguridad pese a que miles de unidades cuentan con cámaras de video vigilancia, botones de pánico y sistemas GPS.
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Publica, de 2015 a 2018 el incremento de robo a transporte público fue de 219 por ciento en Chimalhuacán, 234 por ciento en La Paz y 700 por ciento en Nezahualcóyotl, pues en general el Estado de México encabeza la lista de las entidades más violentas del país por este ilícito.
Aunque hay videos de los asaltos con lujo de violencia, la gente sube con gorra, lentes o capas para ocultar su identidad, lo cual favorece la impunidad, por lo cual consideró que esto sería una medida de prevención para que la cámara puede grabar su rostro y haya elementos para ubicarlos y sentenciarlos.
Endurecer castigo por robo en escuelas
El diputado Rigoberto Vargas Cervantes planteó aumentar la pena por el delito de robo a escuelas que actualmente es de tres a 12 años por una sanción de nueve a 15 años y cuando se use violencia o se dañe la infraestructura castigarán adicionalmente con dos a cinco años a los sujetos activos.
Señaló que es necesario atender este problema porque tan sólo durante la pandemia mil 250 escuelas fueron dañadas físicamente, además les robaron su mobiliario y equipo de cómputo, afectando de manera directa al estudiantado al quedarse sin condiciones de tomar sus clases.
“Es un dato que alarma a los maestros y maestras quienes viven todos los días este suplicio, por el saqueo, robo y destrucción a los centros escolares, donde al regresar de la pandemia se encontraron con vidrios rotos, sin luz ni agua, sus computadoras fueron robadas, así como los materiales didácticos y mesas bancos”, aseveró.
Reforma a Ley de Agua
Por otra parte, la diputada Beatriz Villegas consideró necesario buscar a los poderes Legislativo y Ejecutivo de los estados de Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y la Ciudad de México para reformar la Ley de Agua del Estado de México con una visión metropolitana, debido a que la entidad surte de agua a otras zonas y a su vez, recibe líquido de Michoacán.
Además, a propuesta de Movimiento Ciudadano, acordaron exhortar a las autoridades de Amecameca y a la Procuraduría del Ambiente para que investiguen la muerte masiva de 100 perros en el relleno sanitario de esa zona y se haga todo lo necesario para evitar que se repita otra situación similar.
KVS