La Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó reformas al Código Penal del Estado de México para que el delito de despojo, que tan sólo durante 2020 registró 4 mil 559 denuncias, se investigue desde el primer momento como ilícito, sin importar quién tiene la legítima propiedad.
Actualmente las denuncias deben empezar por la vía civil y hasta que se demuestra quién es el legítimo dueño, esa persona puede denunciar el delito de despojo y lograr que la gente que se apoderó de su bien lo deje de usar, habitar o aprovechar.
La propuesta de la diputada Violeta Nova, de Morena, adiciona un párrafo al artículo 308 del Código Penal para que esta conducta sea sancionada sin importar si el derecho de la posesión de la cosa juzgada sea dudoso o esté en disputa, con lo cual se vigoriza la normativa y se favorece que el delito se actualice.
Luego que el dictamen fue avalado por unanimidad, la proponente señaló que con esto se protege la posesión y se pueden iniciar las carpetas de investigación sin dilación alguna porque actualmente se acostumbra enviar el caso a la materia civil y hasta que se determina a quién favorece la propiedad se inicia la carpeta penal. “Con esto ya no habrá pretexto para iniciarlo”.
Durante su intervención el diputado del PRI, Juan Maccisse Naime, indicó que este ilícito es clasificado como patrimonial que usurpa la propiedad de un bien en perjuicio del legítimo propietario.
Sanciones por cometerlo
Quien comete el ilícito se hace acreedor a una sanción, la cual incrementa cuando lo perpetra un grupo de personas; no obstante la conducta va en aumento a nivel nacional con 20 mil 281 casos 2015 y 27 mil 597 en 2019, lo cual resulta alarmante.
Por su parte, la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, refirió que con base en los dato del secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el despojo va en aumento y tan sólo en 2020 llegó a 4 mil 559 denuncias donde alguien trató de quedarse con un bien inmueble de otra persona, lo cual afecta gravemente a muchas familias.
- Los y las integrantes de la comisión consideraron necesario proteger a las personas, no dilatar la justicia y tratar de inhibir esta práctica desde la ley.
KVS