El proceso electoral en el país, en el que destaca la disputa de 15 gubernaturas, arrancó con más de 40 denuncias de violencia política por razón de género en 11 estados.
El Instituto Nacional Electoral informó que, de diciembre a enero pasado, 21 personas ya han sido sancionadas por incumplir los lineamientos en esa materia.
En la lista de quienes han cometido este ilícito están ex alcaldes, presidentes municipales y hasta dirigentes estatales de partidos como Morena.
El mes pasado, tres trabajadores municipales de Quintana Roo fueron sancionados por difundir en los comicios de 2019 volantes con publicidad sexual en perjuicio de la hoy diputada local del PAN, Atenie Ricalde, ellos son el director de Protección Civil en Isla Mujeres, Merced Ortiz Maya, y dos de sus colaboradores, Ángel Antonio Ortiz Franco y Cristian Alberto Ojeda Chuc.
“¿Tienes 250 pesos y te quieres divertir?, soy Paulet y estoy muy caliente esperándote, servicio completo, llámame”, decía la propaganda con el número personal de la funcionaria, según consta en el procedimiento ordinario sancionador TEQROO/POS/00S/19.
Hidalgo no ha escapado a casos como estos. Apenas el 7 de febrero, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia consiguió la vinculación a proceso del ex alcalde de Zimapán, Erick Marte Rivera Villanueva, y del ex Oficial Mayor de este municipio, Humberto Casas Rojo, por violencia política contra las mujeres por razón de género.
El origen de este proceso, en el que también está señalado Xavier López Jiménez, ex tesorero municipal, data de mayo de 2020, cuando Rivera Villanueva le negó el uso de la palabra en una sesión de cabildo a una de las regidoras y funcionarios municipales le retuvieron el pago de su dieta.
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En Baja California Sur, actualmente también hay una denuncia de violencia política de género, el Tribunal Estatal Electoral determinó el 15 de febrero que el dirigente estatal de Morena, Alberto Rentería, deberá pagar una multa de más de 8 mil pesos y ofrecer disculpas a la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, por sus declaraciones en el sentido de que solo había hombres competitivos para contender en la elección.
Las palabras de Rentería provocaron que el Colectivo de mujeres de la 4T, pidiera al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y a la Comisión Nacional de Honor y Justicia su destitución.
En el Estado de México están vigentes siete denuncias y al menos otros cinco casos ya han sido sancionados, por lo que los infractores no podrán participar en las elecciones de ediles y legisladores locales el próximo 6 de junio.
El instituto electoral mexiquense informó que en la Subdirección de Quejas llevan siete denuncias en lo que va del proceso electoral. Tan sólo esta semana, el Tribunal Electoral ordenó al presidente municipal de Xonacatlán, Serafín Gutiérrez Morales, que provea de recursos materiales y humanos necesarios a la regidora Simei Jared Rincón y no siga vulnerando sus derechos como representante popular.
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Tanto ese tribunal como la Sala Toluca han acreditado al menos otros cuatro casos. El más sonado y largo fue el de la síndico Yuritzi Jhosselin López Oropeza, de Jaltenco, a quien le negaron el derecho a personal y salario, y fue callada por el alcalde cuando hacía uso de la palabra en el cabildo porque se opuso a la venta de un servicio municipal.
Camino al proceso electoral intermedio más grande, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León reveló que mantienen activas 15 carpetas de investigación por violencia política de género, 10 de ellas se han registrado en lo que va del 2021.
La dependencia también giró dos órdenes de protección para las mujeres que, consideró, están en riesgo por haber sido violentadas verbalmente.
Dos episodios de violencia política por parte de presidentes municipales se tienen registrados en Jalisco. En uno de ellos el protagonista fue el edil de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, de Movimiento Ciudadano, quien fue denunciado formalmente por la regidora María del Refugio Camarena por interrumpirla en diferentes ocasiones cuando criticaba las tareas de seguridad pública.
Frases como “Deme tres datos ahorita, deme tres datos; yo sí puedo, yo se los doy ahorita”, o “anda muy acelerada, vea cómo está ¿por qué está tan acelerada?”, utilizó Álvarez al dirigirse a su compañera.
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Un segundo caso de este tipo de violencia ocurrió en Poncitlán, donde la regidora de Morena Liliana Verónica Lomelí Rodríguez denunció ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana al alcalde Luis Miguel Núñez, al secretario general, Javier Zamora Reyes, y a la regidora de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Julia Carrillo Ulloa por negarle los recursos para el trabajo de las comisiones que preside.
De diciembre a enero de este año, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE documentó 9 reportes y sanciones en Veracruz.
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral inscribió a los presidentes municipales de Alto Lucero, Javier Castillo Viveros, y de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandez, en los registros local y nacional de personas sancionadas en esa materia.
En cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en los expedientes TEV-JDC45/2020 y TEV-JDC552/2020 se determinó que Castillo Viveros permanezca en esa lista durante cuatro años y Ruiz Flandez por seis años.
A un mes de iniciar el proceso electoral en Baja California, cuatro mujeres denunciaron ser víctimas de violencia política de género y otro caso se inició de oficio por la Fiscalía Electoral de la entidad.
El municipio de Ensenada encabeza la lista de acusaciones con tres procesos, mientras que hay uno en Tijuana y otro en Mexicali. El expediente de este último municipio, de acuerdo el fiscal electoral, Carlos Barboza Castillo, se inició de oficio y se trata de una publicación en las redes sociales, en donde una mujer denosta a una candidata.
En Tamaulipas existe una denuncia en agravio de la diputada local Gloria Ivett Bermea Vázquez, y aunque la autoridad electoral no reveló los motivos por tratarse de una investigación en curso, se sabe que el caso involucra a un consejero suplente del cuarto distrito electoral con cabecera en Matamoros.
Los señalamientos de agredir a su propia esposa han manchado las aspiraciones a gobernador de Michoacán, del senador Cristóbal Arias Solís, impulsadas por el partido Fuerza México. Su posible nombramiento ha provocado duras críticas por parte de al menos 20 colectivos feministas.
Las síndicas procuradoras Angelina Valenzuela Benites, de Ahome, y Elsa Isela Bojórquez Mascareño, de Mazatlán, son víctimas de violencia política de género por los alcaldes Guillermo Chapman Moreno y Luis Guillermo Benítez Torres, reconocido así por el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa en distintas sentencias.
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Gamaliel Ochoa, militante del PRD en Durango, suena como uno de los que se incluirán en la lista plurinominal a la Cámara de Diputados, sin embargo, los colectivos feministas denuncian que está impedido por una causa legal por violencia de género.
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En respuesta, el PRD asegura que el proceso legal está suspendido y que la única forma de inhabilitarlo como candidato sería contar con una sentencia emitida.
El puntero
Si bien en julio de 2020 el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad reformas para que se reconozca la violencia política de género en la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, diversas funcionarias han denunciado haber sido víctimas de este ilícito.
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Uno de los casos más graves fue el feminicidio de Juana Iraís Maldonado Infante, candidata a una diputación local por el distrito 9 por el Partido Verde Ecologista, en 2018. La situación no es aislada, pues el estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre participación política equilibrada ubica a Puebla en la cabeza de los casos de violencia política de género durante el proceso electoral 2017-2018, con 15 casos.
En fechas recientes, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, denunció que ha sido blanco de amenazas de violencia política de género, calumnias y descalificaciones infundadas.
En 2020, el diputado Héctor Alonso fue expulsado de Movimiento Ciudadano, tras callar a su homóloga en el Congreso local, Nora Yéssica Merino Escamilla, a quien además tachó de “niñita” en una sesión del Congreso de Puebla, el 4 de junio pasado.
Antes, en marzo de 2019, el Tribunal Electoral del Estado amonestó públicamente a José Juan Espinosa Torres, diputado del PT por incurrir en violencia política de género en contra de Laura Villegas, representante del PRI ante el Instituto Electoral del Estado.
Con información de Mariana Ríos, Jocelyn Estrada, Margarita Rojas, Elvia García, Claudia Hidalgo, Manuel Baeza, Liberto Ureña, Kevin Rocío, Fanny Martínez, Isabel Zamudio, Gilberto Lastra, Esmeralda Sánchez.
DMZ