El Instituto Nacional Electoral (INE) firmó un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para solicitar notas de inteligencia con datos sobre los partidos políticos y las y los candidatos que participarán en las elecciones del 6 de junio para detectar recursos provenientes del crimen organizado o mal uso de recursos públicos.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que se tiene que reconocer que existe el riesgo del uso de programas sociales, el financiamiento ilícito y las empresas fachada durante las campañas electorales, por lo que las autoridades deben plantear cómo mejorar los controles.
Por lo que destacó que la UIF no persigue por consigna, pero sí puede identificar mediante algoritmos matemáticos identificar casos específicos conforme las investigaciones del INE, con un plazo de 15 días para entregar dicha información, con una prórroga adicional de cinco días.
“Nuestra posición es de absoluto respeto a los órganos constitucionales autónomos, es de absoluto respeto en razón de que se trata de previsiones de corte constitucional primero y segundo porque se trata de un modelo evolucionado de control y equilibrio del poder que es una de las características propias del sistema democrático, y este convenio se hace con absoluto respeto a la autonomía de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Instituto Nacional Electoral.
“Nos reúne cómo mejorar los sistema de fiscalización con mecanismo que permitan contar con mayor documentación a fin de documentar los casos, nos reúne la calidad de la democracia sustantiva”.
El consejero presidente Lorenzo Córdova dijo que a idea es que estas elecciones sean las más transparentes de la historia, pues reconoció que la reiteración de las conductas irregulares por parte de los partidos políticos como gastos no reportados, gastos sin objeto partidista y cuentas por pagar y por cobrar, son muestras de que aún queda mucho por hacer.
“De cara al proceso electoral más grande y compleja de nuestra historia las autoridades electorales, fiscalizadoras, financieras conjuntamente estamos construyendo un entramado de colaboración, de sinergias y de alianzas estratégicas para hacer también, de 2021, las elecciones con los mayores estándares de transparencia, legalidad y rendición de cuentas del dinero que se invierte en la política.
“Confío que consolidaremos un circuito de transparencia, rendición de cuentas y probidad en materia electoral, que fortalecerá el sistema de partidos y favorecerá el reposicionamiento de los mismos ante la sociedad mexicana. La democracia mexicana no quiere ni trampas ni opacidad en la competencia por el poder político y sí el respeto por la legalidad, por la transparencia así como a las reglas del juego democrático”.
Agregó que al INE ni a los y las consejeras les interesa ni tienen la intención de con sanciones a quienes competen en las urnas, lo que sí interesa es la transparencia de cada peso ejercido en la política y el cumplimiento puntual de las reglas que rigen el juego electoral.
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La consejera Carla Humprey, presidenta de la Comisión de Género y No Discriminación, explicó que estos anexos que se incluyen al convenio ya firmado desde 2019, ayudará a mejorarla fiscalización de las campañas electorales y generar sanciones que ayuden entre otros temas, a acabar con la violencia política de género.
Agregó que el primer anexo ayudará para “determinar la capacidad económica y garantizar que las sanciones económicas a imponer cumplan con la mejor manera con las finalidades de prevención y disuasión en medida de que se tendrá conocimiento completo e integral de todos los recursos y operaciones que bajo cualquier modalidad llevan a cabo y de las que posiblemente el INE no tiene conocimiento oportuno. Como los recursos ilícitos, ya sean públicos, en efectivo o provenientes del crimen organizado”.
Y el segundo reforzará la investigación de infracciones y conocer la capacidad económica real de un sujeto obligado infractor a quien deba imponerse una sanción.
La consejera Adriana Favela, presidenta de la comisión de Fiscalización, y el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, agregaron que este convenio permitirá ser más eficientes en la conclusión de los procedimientos administrativos sancionadores relacionados con violencia política d genero, uso de tiempos de radio y televisión, promoción indebida de servidores públicos, actos anticipados de campaña o propaganda que se considere calumnia.
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