Por considerar que en sus declaraciones públicas el presidente municipal de la capital Alejandro Navarro Saldaña le ha causado daño moral y ha incurrido en violencia política de género, Paloma Robles Lacayo promovió una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).
En su queja, la activista incluye también al Director de Cultura y Educación del gobierno municipal, Jesús Antonio Borja Pérez.
En entrevista con MILENIO, Robles Lacayo explicó que “los hechos tienen que ver con declaraciones emitidas a medios de comunicación, como consecuencia de mi denuncia por desvío de recursos e indicio de daño y pérdida de momias presentada en conjunto con otros miembros de la sociedad civil”.
Agregó que Navarro Saldaña en su defensa, se volcó “en un ataque personalizado sobre mi persona, con declaraciones del tipo ‘está actuando por resentimiento político’ y ‘le pido –dirigiéndose a mí- que supere la derrota electoral’ con lo que está claro que estas declaraciones se emiten desde el estereotipo femenino de la irracionalidad, aduciendo un argumento de carácter emocional a hechos administrativos promovidos por un miembro de la ciudadanía de género femenino”.
Recordó que la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas “ha hablado de la exigencia de que los estados apliquen medidas para erradicar los estereotipos y aquí vemos que no solo no se erradican, sino que se aplican, y esto tiene un efecto adverso en el acceso y disfrute a los derechos humanos”.
“Hay otras declaraciones del tipo ‘solo está buscando reflectores, ganar adeptos’ emitidas tanto en febrero como en junio y que claramente le dan un tinte político a sus posicionamientos. Violencia política es todo acto que pretenda menoscabar el acceso, goce y disfrute de los derechos políticos consignados en el artículo 35 de la Constitución Política que tienen que ver con la posibilidad de cualquier persona de votar y ser votada. Ni siquiera tenían la certeza, y hablaron a partir de una supuesta aspiración electoral, que podría existir y ser legítima tanto en él como en cualquier otro miembro de la ciudadanía, por eso esta denuncia”, explicó.