Hombres que abusando de su jerarquía decidieron reducirles el sueldo a las mujeres o que enviaron policías municipales a que vigilaran sus domicilios para intimidarlas, que difundieron propaganda de prostitución con el número telefónico de una servidora pública, que las acusaron de ser amantes de políticos con poder o de estar asociadas con el narcotráfico, forman parte de las 19 personas que aparecen en el registro nacional de violentadores del Instituto Nacional Electoral.
Presidentes municipales en funciones, ex alcaldes, directores municipales, consejeros estatales de Morena, empresarios con aspiraciones políticas y hasta el director de un medio de comunicación local integran el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género lo que automáticamente, los imposibilita a participar en el proceso electoral.
Se trata de 22 registros contra 19 personas de Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo y Sonora. Del total de los casos, 18 fueron cometidos por un hombre y cuatro por mujeres. Algunos permanecerán en este registro hasta el 2027.
Es Veracruz la entidad que lidera las sentencias en esta materia con siete casos, de los cuales, cuatro fueron concedidos a una misma víctima.
Presidentes municipales violentan a mujeres de cabildos
Ernesto Ruiz Flandes, presidente municipal de Altotonga, Veracruz, cuenta con cuatro registros por una conducta sistemática y continua para obstaculizar el ejercicio del cargo de la regidora María Elena Baltazar Pablo.
El Tribunal Electoral veracruzano concluyó que, por decisión del presidente municipal, la regidora no fue convocada a varias sesiones de cabildo y se le negó la información que solicitó para poder ejercer sus labores. Por lo que también se dictó un apercibimiento por conducta omisiva al resto de los ediles y a la tesorera municipal, a quienes se les instruyó vigilar la conducta de Ruiz Flandes para garantizar que no repita estas acciones.
El presidente municipal recibió cuatro sentencias en su contra por estas denuncias. Dos que se resolvieron el 9 y 26 de noviembre de 2020 y que ordenan su permanencia en este registro de violentadores hasta el 21 de enero de 2027; otra del 12 de noviembre del 2020 con permanencia al 14 de enero de 2025 y una más el pasado 14 de enero de 2021, que indica que al tratarse de conductas reiteradas, se ordena que aparezca en esta lista hasta el 3 de febrero de 2027.
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Javier Castillo Viveros, presidente municipal de Alta Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz es el segundo con más años en este registro pues estará en la lista hasta el 14 de enero de 2027, después de haber ejercido violencia política en contra de la síndica María Griselda Mora Fernández.
El Tribunal Electoral local comprobó que de manera intencional, el presidente ordenó no tomar en cuenta a la síndica y no le permitió participar en la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto del 2021. Con lo que obstruyó su derecho al ejercicio del cargo.
Un caso similar es el de Lázaro Avendaño Padilla, presidente municipal de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, quien llegó a este registro por violentar a la síndica Ana María Garcés al reducirle sus remuneraciones, descontarle el 50 por ciento de su sueldo quincenal bajo una supuesta donación obligatoria, el pago tardío de sus aguinaldos y hacer señalamientos discriminatorios en su contra.
Acciones por las que el 9 de noviembre de 2020 se decidió que tendrá que permanecer en este registro hasta el 21 de enero de 2025.
En Yucatán, fue sancionado hasta el 31 de enero de 2025, el presidente municipal de Chichimalá, Samuel Uc Poot, y su tesorero Dezert Iván Martín Barrera por violentar a la síndica Teresita de Jesús May Tuz.
Uc Poot ordenó impedirle el acceso a su oficina, le redujo su sueldo y lanzó amenazas en su contra tras denunciarlo. Para intimidarla envió una patrulla municipal que rondaba su casa cada 30 minutos y ante las quejas de la funcionaria, le aconsejó “que mejor se fuera a su casa a preparar café”.
Uno más de los casos de presidentes municipales que abusaron de su poder de jerarquía contra las mujeres de sus cabildos, es el de Calakmul en Campeche, Luis Felipe Mora Hernández quien fue el primer en aparecer en esta lista tras una sentencia del tribunal electoral local el 28 de octubre de 2020, con una permanencia que está por vencerse el próximo 6 de marzo de este año.
Mora Hernández obstaculizó el desempeño de la síndica Maricela Flores Moo al negarle una respuesta a 11 solicitudes de información que realizó para desempeñar su cargo.
Y finalmente, en Querétaro el entonces alcalde de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia, fue denunciado por una diputada local que solicitó reservar su nombre, a quien acusó de sólo tomarse fotografías para buscar publicidad, sin trabajar para la gente.
Ochoa Valencia renunció al cargo en septiembre de 2020, incluso antes de que se emitiera esta sentencia en su contra, tras ser investigado por corrupción y tráfico de influencias. Pero estará en el registro hasta el 6 de noviembre de 2024.
La única funcionaria sancionada perdió modo honesto de vivir
Natividad Matías Morales, presidenta municipal de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca, es la única funcionaria de primer nivel sancionada por haber violentado a otra mujer y la única a la que la autoridad le retiró el modo honesto de vivir por más de un año.
La regidora de Ecología municipal, Adriana Risueño Matías, denunció a la presidenta por no permitirle ejercer su encargo, obstaculizar sus funciones, por no tomarla en cuenta en las decisiones del ayuntamiento y por no otorgarle los recursos materiales y económicos necesarios para su función.
A diferencia del resto de los casos, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca sí analizó la pérdida del modo honesto de vivir por este tipo de acciones violentas en contra de una mujer, por lo que permanecerá sin esta condición mientras se encuentre en el registro de personas sancionadas por violencia política en razón de género hasta el 21 de diciembre de 2021, una vez que concluyan los procesos electorales en la entidad.
Director de Protección Civil promovió pornografía con teléfono de candidata
El director de Protección Civil de Puerto Morelos en Quintana Roo, Merced Ortiz Maya, y dos de sus colaboradores, Ángel Antonio Ortiz Francisco quien también es su sobrino y Cristian Alberto Ojeda Chuc estarán en el registro de violentadores de mujeres hasta el 23 de enero de 2025.
Estos tres hombres y servidores públicos distribuyeron panfletos, volantes y frayers en los que promovían redes de prostitución. El número de contacto que incluyeron fue el de la entonces candidata a diputada local Teresa Atenea Gómez Ricalde.
El Organismo Público Local Electoral de Quintana Roo también les impuso una multa económica por cinco mil 322.87 pesos para el director de Protección Civil, y de dos mil 703.68 pesos para sus dos colaboradores.
En este mismo estado, el empresario Carlos Antonio Mimenza Novelo, ex aspirante independiente a la Presidencia de la República y quien buscó la alcaldía de Solidaridad, estará en este registro hasta el 18 de febrero de 2025.
La autoridad electoral local determinó que la transmisión en vivo que el empresario realizó en su cuenta de Facebook titulado “Verdades incómodas” en contra de la candidata Roxana Lilia Campos Miranda constituyeron violencia política en razón de género, luego de minimizar su perfil y trayectoria, además de colocarle un apodo violento y sexual.
Consejeros de Morena en Campeche violentaron a secretaria general del partido
Tres consejeras y un consejero estatal de Morena violentaron, amenazaron, intimidaron y calumniaron a Patricia León López, secretaria general del partido en Campeche, por lo que recibieron una amonestación pública y el registro a esta lista nacional de personas sentenciadas por violencia política en razón de género hasta el 13 de junio de 2021.
Se trata de Blanca Guadalupe Lizzete Uc Martínez, Mildres del Jesús Can Hernández, María del Carmen Molina Chablé y Carlos Enrique Ucán Yam, quienes realizaron publicaciones en Facebook y enviaron audios y conversaciones a la víctima en la que descalifican, ofenden y denigran su trabajo partidista.
Aunque no fue incluido en este registro, la sentencia del Tribunal Electoral del Campeche del 31 de diciembre de 2020 ordenó una amonestación pública en contra de Alfonso Ramírez Cuéllar pues en su calidad de presidente de Morena, obstaculizó la pronta administración de justicia para evitar la repetición de estas conductas a pesar de las reiteradas denuncias de la víctima quien sostuve sentirse “humillada, desvalorizada y atacada psicológicamente” y envió las evidencias de las intimidaciones y amenazas.
Comunicadores fomentaron violencia de género y replicaron estereotipos
Los lineamientos de las autoridades electorales en esta ocasión incluyeron a los medios de comunicación, comunicadores, periodistas, conductores y locutores que lleguen a fomentar la violencia política de género o replicar estereotipos que discriminen o generen condiciones de inequidad en las contiendas.
José Lorrimer Nelsol Álvarez Peña, director del medio de comunicación impreso veracruzano “Diario de Acayucan, la voz de la gente”, permanecerá en este registro hasta el 5 de junio de 2026 tras publicar diversas acusaciones en contra de la diputada Mónica Robles Bajaras en las que incluso la vinculó con el crimen organizado; por lo que también debió pagar una multa económica de cuatro mil 344 pesos.
Otro caso es el de Magdaleno Luis Camacho Fuentes, quien se autodenomina como “Maleno, el único periodista del pueblo de Nopala” tendrá que permanecer en este registro de violentadores hasta el 8 de mayo de 2026 por orden del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo,
Este comunicador difundió un audio en contra de Jessica Guerrero Fuentes, quien fue candidata a presidenta municipal de Nopala de Villagrán, contra quien lanzó acusaciones de índole sexual.
Camacho Fuentes ni siquiera acudió a las audiencias a pesar de que estuvo debidamente emplazado, por lo que se determinó que su libertad de expresión rebasa todo derecho cuando violenta la honra, la dignidad y una vida libre de violencia de las mujeres.
Se le ordenó además de una amonestación pública y el registro en esta lista, que sus programas y comentarios deben regirse con perspectiva de género y evitar reproducir estereotipos. Y le entregaron el Manual para el uso no sexista del lenguaje, manual de género para periodistas, mirando con lentes de género la cobertura electoral y periodismo no sexista, pautas para comunicar desde una perspectiva de género en Chile.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Sergio de Jesús Zaragoza Sicre, creador de la cuenta “El Chou de Monchi” incurrió en violencia política en contra de la senadora Lilly Téllez durante las campañas del 2018.
En este perfil de Facebook se realizó una animación con la imagen de Lilly Téllez, a quien el otro personaje identificado como “Monchi” le lanza insultos que constituyen violencia.
Por lo que la autoridad electoral determinó que se trata de un discurso discriminatorio, estereotipado y que tiene como finalidad incitar al odio en contra de la víctima. Razón por la que deberá permanecer en este registro hasta el 10 de junio de 2026 y pagar una multa económica de ocho mil 60 pesos.
RLO