A partir de mañana, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL), de la Fiscalía General de la República (FGR), iniciará el despliegue de agentes del Ministerio Público Federal por las 32 entidades del país para atender las denuncias que los ciudadanos presenten con motivo de la jornada electoral, en la que podrán votar más de 98 millones de mexicanos.
José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la FISEL, indicó que el despliegue ministerial forma parte del trabajo previo que se desarrolló en coordinación con la FGR, y con el propósito de contar con más de 7 mil funcionarios públicos (Ministerios Públicos, oficiales ministeriales, policías ministeriales, peritos y analistas), quienes están preparados para atender cualquier asunto relacionado con la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
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Asimismo, el fiscal señaló que el personal de la FISEL tendrá entre sus tareas realizar acciones de blindaje electoral, es decir, participar en el resguardo de inmuebles y vehículos oficiales del Gobierno Federal, así como continuar en las mesas de seguridad y paz locales.
“El 2 de junio estarán en juego 20 mil 708 cargos públicos, 629 corresponden al orden federal, entre los cuales se encuentra la renovación del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República. Es por ello, que podemos clasificar esta elección como una de las más grandes y complejas de nuestro país, y en ese contexto la FISEL juega un papel fundamental para procurar elecciones libres, limpias y justas”, declaró Ortiz Pinchetti.
Aseguró que la institución a su cargo cuenta con la capacidad operativa para atender las incidencias relacionadas con los delitos electorales, ya que es apoyada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), que tiene a su cargo a las 32 fiscalías federales de la FGR.
El despliegue ministerial que inicia mañana 27 de mayo concluirá el próximo 3 de junio.
Los delitos que se perseguirán son la compra o coacción del voto, la retención de credenciales para votar sin causa justificada, el uso indebido de recursos públicos federales, el uso de programas sociales federales con fines político-electorales y hacer proselitismo el día de la jornada electoral.
Otras conductas que también se sancionan son, la destrucción de material electoral, impedir la instalación o clausura de las casillas, introducir o sustraer urnas o boletas electorales, modificar o alterar documentos electorales oficiales y el acarreo de votantes el día de las elecciones.
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