El Instituto Nacional Electoral (INE) instalará una casilla extraordinaria para que personas desplazadas por violencia en Chiapas puedan votar el 2 de junio próximo.
En sesión extraordinaria del Consejo General, se acordó por unanimidad aceptar la solicitud de una comunidad de personas víctimas de desplazamiento forzado.
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Para ello, por tratarse de una medida excepcional y por lo avanzado del proceso electoral, el Consejo determinó que, “para efecto de garantizar el derecho al voto de las personas peticionarias desplazadas, en los mismos términos como si votaran dentro de su sección electoral, se deberá instalar una casilla extraordinaria en el domicilio del campamento donde habitan”.
Ahí, las personas podrán votar tanto en las elecciones federales como locales, es decir, para los cargos de Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales, gubernatura, diputaciones locales y presidencia municipal.
La casilla será instalada en el lugar que los afectados indiquen, por lo que se deberá guardar estricta reserva de los datos de las personas peticionarias, así como propiciar el sigilo necesario, a fin de salvaguardar su integridad física.
“Por tanto, la información sobre la ubicación de dicha casilla será reservada para garantizar la seguridad de las personas peticionarias”, precisó el INE.
Los días 29 y 30 de abril de 2024, el INE recibió 100 solicitudes para la instalación de la casilla extraordinaria, en la que los peticionarios argumentaron que fueron desplazados de su comunidad mediante actos de violencia, por lo que se vieron en la necesidad de abandonarla en condiciones precarias.
Este grupo de personas obtuvo el dictado de una medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vincula al Estado mexicano, entre otras, a reconocer su condición de desplazados y a garantizar su integridad física y seguridad personal.
“Esta autoridad debe procurar favorecer en todo tiempo a las personas que pertenecen a dicha comunidad, con la protección más amplia, al ser reconocidos de acuerdo al derecho internacional como un grupo vulnerable, dado que sus integrantes se encuentran en clara desventaja social”, argumentó el INE en el acuerdo aprobado.
“Lo anterior, conforme el principio pro persona previsto en los artículos 1, segundo párrafo, de la Constitución y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, añadió.
Con la aprobación del acuerdo, a más tardar en 24 horas, el INE deberá revisar la documentación de las personas peticionarias y determinar su situación registral para que, en caso de que algunos no cumplan con los requisitos para poder ser incluidos en la lista nominal, se comunique la causa a cada uno de ellos y puedan acudir con oportunidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Además, en ese mismo plazo, la Vocalía en el distrito y la entidad que corresponda, deberá recabar los datos de las personas peticionarias que no cuentan físicamente con su credencial para votar y, previa verificación de que se encuentren en la lista nominal correspondiente a su comunidad de origen, les expida la reimpresión de su credencial o prevea lo necesario a fin de que puedan emitir su voto el próximo dos de junio.
Además, se deberá proveer lo necesario para integrar de la mesa directiva de casilla y proceder a realizar la capacitación correspondiente, previendo que, dado lo cercano de la Jornada Electoral, alguna persona funcionaria de la Junta Distrital correspondiente, o bien, un capacitador o asistente electoral podrá auxiliar el día de la elección,
El INE deberá dar aviso a la Secretaría de Gobernación, al Comisionado Nacional de Seguridad Pública, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al gobernador de Chiapas, al secretario general de Gobierno, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno y a la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Chiapas, así como al ayuntamiento involucrado y demás instancias competentes para solicitar que brinden la seguridad y las facilidades necesarias para proteger la integridad de los solicitantes y funcionarios electorales durante la jornada electoral y después de la misma considerando el riesgo manifestado.
También se deberá dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia coadyuven en el cumplimiento del acuerdo.
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