Pese a las solicitudes de representantes de partidos políticos de la entidad de contar con herramientas, como "mapas de riesgo" que analicen las zonas donde, por el fenómeno de la criminalidad o presencia del crimen organizado deben tomarse previsiones para hacer campaña, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), señaló el organismo no está facultado para llevar a cabo este tipo de estudios, pues esto podría invadir competencias de la Secretaria de Seguridad.
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"El tema de la seguridad no es un tema que sea competencia del instituto, en todo caso habría que acercarse con las autoridades que tienen a su cargo la seguridad del Estado. Es un planteamiento que pudiera hacerse llegar a las autoridades, para ver si hay alguna acción que hacer, fueran ellos quienes nos pudieran orientar al respecto", explicó Brenda Canchola.
En este sentido, el gobierno del estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Gobierno que es la que coordina el eje de seguridad y lleva la relación directa con partidos políticos y autoridades electorales, sería la indicada para llevar a cabo un análisis exhaustivo de las zonas de riesgo en la entidad.
"Creo que el tema de atribuciones en cuestión de seguridad y materia electoral, es muy distinto, yo no me atrevería a comentar que nosotros pudiéramos hacer algo así, porque saldría del ámbito de nuestra competencia. Sin embargo, la colaboración y la coordinación con las autoridades en materia de seguridad es efectiva, es en una vía de ida y vuelta y si algún riesgo hay que nos pudieran alertar, por supuesto que lo harían", expresó la presidenta.
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Cabe destacar que ya existen antecedentes de este tipo de mapas, ejemplo de ello es que para la elección del 2023, la Secretaría de Seguridad del estado de México genero un Atlas de Riesgo para el proceso electoral, donde en dicha entidad se reportaba a 33 municipios con riesgo alto y riesgo medio, en los cuales se llevaron a cabo operativos focalizados.
Para la elaboración de dicho mapa, el cual emana de un protocolo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó en 2022 al INE para prevenir la violencia en las elecciones, se tomo en cuenta incidencia delictiva, conflictos interpartidistas, grupos de choque y antecedentes de conflictos electorales, así como presencia de grupos criminales, entre otros.