Tamaulipas aparece como estado problemático para la logística del proceso electoral, debido a que hay antecedentes de que bloqueos carreteros complicaron la entrega de documentación del INE en cuatro distritos de la frontera, debiendo resguardarse el material en instalaciones militares.
Así lo expone el Sexto Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del INE sobre las Acciones de Coordinación Interinstitucional para el Acompañamiento en Materia de Seguridad del Proceso Electoral, presentado este miércoles ante el Consejo General del Instituto.
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El documento detalla reportes de incidencias en entidades federativas por motivos de logística y resguardo de documentación electoral, problemas sociales y de seguridad, y da cuenta de las acciones que se han implementado para garantizar elecciones tranquilas a los votantes.
Se dio a conocer que debido a un bloqueo en el kilómetro 188 de la carretera federal 101, San Fernando-Victoria, “se tomó el acuerdo de resguardar en la 48 Zona Militar de Ciudad Victoria, los cuatro camiones que transportaban la documentación y material custodiado de los distritos 02 y 07 de Reynosa, 03 de Río Bravo y 04 de Matamoros”.
Posteriormente, al levantarse el bloqueo y generarse las condiciones de seguridad, se acordó que los cuatro camiones salieran hacia sus destinos a partir de las cinco de la mañana del 10 de mayo de 2024.
Entre las situaciones reportadas, se expone también que la presidencia del Consejo Distrital 04 en Matamoros, estará pendiente de la eventual recepción de agendas de candidaturas federales para dar continuidad al esquema de proximidad en seguridad conforme a lo establecido por la Mesa Interinstitucional de Seguridad.
Tamaulipas es el estado que más reuniones de trabajo -entre autoridades de seguridad pública federal y estatal con titulares de organismos electorales- reportó entre el 20 de abril y el 17 de mayo, con un total de once, de las cuales diez fueron virtuales y una de carácter presencial. Otra medida ha sido activar encuentros con las representaciones de los partidos políticos acreditados ante sus consejos distritales.
Casi un 24% de los temas abordados a nivel nacional en el citado informe se refieren a inseguridad, solicitándose apoyo para brindar protección en actividades que realiza el personal del INE en campo durante los recorridos correspondientes a la segunda etapa de capacitación a la ciudadanía insaculada para participar en la integración de las mesas directivas de casilla.
“La mayoría de las entidades han empezado a planear la distribución coordinada de personal de la Sedena, Guardia Nacional, Marina, entre otros, para el día de la jornada electoral, con la finalidad de asegurar la tranquilidad tanto del funcionariado del INE, como de la ciudadanía en general”, se expuso.
Cerca de un 35% de los reportes contenidos en el Sexto Informe, son relativos a la logística y resguardo de documentación, en específico a la solicitud de acompañamiento de los vehículos que trasladan y distribuyen las boletas y documentación con emblemas custodiada. “Se ajustan cuestiones logísticas que permitan el ágil funcionamiento de los mecanismos de recolección”, se lee.
El 2.4% de lo reportado hace referencia a problemas sociales, donde se cita que Michoacán ha expuesto y analizado en múltiples reuniones la postura de los pobladores de Charapan de no permitir la instalación de casillas electorales en ningún punto del municipio.
Mientras tanto, Guerrero reporta movilizaciones estudiantiles por parte de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. A su vez, Tamaulipas comunicó la problemática del bloqueo carretero que complicó el traslado de documentación.
Estos informes se emiten luego de que el 14 de diciembre de 2022, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad el Protocolo para Prevenir Factores de Riesgo en los Procesos Electorales, en acatamiento de las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: SUP-JRC-166/2021, SUP-JRC-167/2021 y SUP-JRC-180/2021 acumulados y SUP-JRC-101/2022.
Lo anterior, con el fin de establecer la coordinación y colaboración con las autoridades e instituciones coadyuvantes con competencia en temas de seguridad pública, para garantizar la integridad física de las personas servidoras públicas y votantes.
SJHN