El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo estar a favor de una reforma al Poder Judicial que pudiera fortalecer el sistema judicial mexicano, y aprovechó para recordar que dos objetivos prioritarios de su gobierno llevan casi una década detenidos sin que se pueda lograr su extradición: los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42 respectivamente.
Durante una conferencia de prensa, el diplomático dijo que, sin embargo, Estados Unidos no intervendrá en el proceso interno del país.
“Hay que fortalecer el Poder Judicial, ojalá vaya a pasar, nosotros no estamos en posición de decirle al gobierno de México, a la gente de México, al Congreso, los senadores, qué deberían de hacer, eso se debe respetar.”
Recordó que dos objetivos de extradición contra quienes hay solicitudes por parte de Estados Unidos llevan años sin que haya una decisión de un juez para ponerlos en manos de Washington, ambos ex líderes del grupo criminal Los Zetas.
“Estos dos han estado en espera de decisión de juez por muchos años, el Z40 (Miguel Ángel Treviño Morales) más de diez años, el Z42 (Omar Treviño Morales) más de 9 años, ahí, haciendo lo que hacen, pero sin ninguna decisión de las cortes (...) eso se tiene que terminar”, recordó el diplomático.
Salazar dijo que detalles como modificar el número de jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9, debe ser algo que decidan los mexicanos, aunque se mostró a favor, por ejemplo, de que haya un cuerpo de disciplina para los jueces o votos de retención.
Por otro lado, mostró dudas con respecto a la elección de los jueces, pues dijo que no le parece una buena idea que un candidato a juzgador pudiera hacer campaña, como ocurre en Texas.
“El temor que tengo yo es el que veo en Texas, porque ahí sí, los jueces tienen que salir a campaña”, concluyó el embajador.
¿Cuáles son las reformas?
La propuesta de reforma al Poder Judicial que actualmente se discute en México incluye varios cambios estructurales significativos.
Uno de los puntos más destacados es la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, así como la eliminación de las dos salas en las que actualmente se divide la Corte, proponiendo que todas las decisiones se tomen en sesiones plenarias, las cuales serían públicas.
Además, se plantea que la duración del encargo de los ministros sea de 12 años, en lugar de los 15 actuales, y que los salarios de los integrantes del Poder Judicial no superen lo que percibe el Presidente.
También se busca eliminar la posibilidad de que los ministros reciban una pensión vitalicia tras concluir su mandato.
Implicaciones para los trabajadores del Poder Judicial
El presidente López Obrador aseguró que la reforma no afectará negativamente a los trabajadores del Poder Judicial, afirmando que sus derechos laborales estarán garantizados.
Sin embargo, la eliminación de fideicomisos, que según el mandatario alimentaron ilegalmente los privilegios de altos funcionarios judiciales, alertó a los empleados del sector.
MO