Ante los dos requerimientos que emitió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Ejecutivo local por las maxiauditoría que inició la dependencia federal ante los señalamientos de corrupción y tráfico de influencias por parte de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, únicamente existe un registro vigente en la entidad, informó el titular de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez.
La solicitud de la ASF exigió la revisión de 15 empresas, en el primer documento la solicitud fue por 10 personas físicas o morales que pudieron celebrar contratos con el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), así como de otras dependencias, de las cuales detectaron contratos con Cajas Graf por 134 millones 495 mil 149.52 pesos, entre 2020 y 2022; Formas Inteligentes por 30 millones 197 mil 244.18 pesos en el mismo periodo.
Mientras tanto, cuatro empresas más se dieron de baja antes de iniciar este proceso: Cajas Graf, Gráficos corona JE, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México; cinco de ellas no reflejaron registro en la entidad Corporativo ZEG; Tol Producciones; Diseño, Reconstrucción y Comunicación; Comercializadora JVLY y Formas Finas de México; finalmente, sólo Formas Inteligentes es el único registro vigente en el padrón de proveedores.
En tanto, el segundo requerimiento demandó información de cinco empresas: Lito Formas, la cual se dio de baja una vez en esta gestión y estuvo vigente de nuevo, empresa que reflejó dos contrataciones por monto de dos millones 243 mil 546.7 pesos y 92 mil 800 pesos; mientras que Formas Inteligentes, la cual está vigente, obtuvo un contrato por 30 millones 197 mil 244.18 pesos; y Mova Printing Solutions, por dos millones 988 mil pesos 284.69 pesos; finalmente, Flexométrica y Formas Finas Fernando Fernández, no reflejan registro en la entidad.
“En Hidalgo vamos a cumplir con la parte que nos toca, vamos a seguir con información y seguimiento y si hay responsabilidad que competan al estado, y que determine la ASF, porque son recursos públicos federales, nosotros estaremos atentos a las instrucciones de la ASF para iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas a las que haya lugar; estamos con todo ese apoyo en la rendición de cuentas, quien deba que la pague conforme a la Ley y sin impunidad, desde la Contraloría vamos a trabajar con la ASF y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para este efecto”, sentenció.
Finalmente, ante el inicio del proceso electoral local el próximo 15 de diciembre la necesidad de comprar los materiales electorales necesarios para este efecto, desde su dependencia, garantizó Bardales Ramírez, vigilarán el adecuado uso de los recursos en la compra de materiales electorales, consumibles y herramientas tecnológicas, derivado a que detrás de cada adquisición hay un contrato y gasto de dinero público.
“Estamos en un época que hay que adquirir esos materiales, se requieren para las elecciones de 2027 y 2028; por ello, estaremos atentos desde el padrón de proveedores de quién vaya a inscribirse sean empresas integras, y cualquier situación la estaremos reportando a la ASF quien lleva a cabo esta maxiaditoría, y estaremos vigilantes de que se cumpla con la Ley, debe haber licitación pública y tendrán que existir; empresas dadas de baja o sin registro en el padrón están imposibilitadas de participar en contrataciones”, concluyó.