En un recorrido realizado por doce municipios de Guanajuato, Román Méndez Navarrete, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, detectó que existen Contralorías municipales que no cuentan con reglamento de operación, están carentes de personal, con presupuesto ínfimo y con salarios de niveles que no corresponden al cargo y responsabilidades de un área encargada de vigilar el manejo de la transparencia dentro la administración local.
“Hay presidencias municipales y por tanto, contralorías, sin internet, porque en el municipio no cuentan con este servicio, ante esas situaciones es complicado y complejo empezar a trabajar mecanismos de gobierno abierto como nos invita el Instituto de Acceso a la Información Pública (Iacip), porque es necesario trabajar en plataformas que eventualmente permitan tener contratos con la nueva Ley de Archivos, a disposición de toda la ciudadanía”, expuso.
Al preguntarle cuáles son estas administraciones, Méndez Navarrete se limitó a contestar que son ciudades con menos de 100 mil habitantes, de los más pequeños del estado al precisar que la corrupción “es algo que duele” y el señalar la ciudad que tiene más carencias podría ser utilizado como argumento para demostrar que no se tienen las herramientas para combatirla.
“En Guanajuato y en sus municipios se ha invertido mucho en obra pública, en la medida en que se transparente, disminuye en hasta un 70 por ciento la percepción de la corrupción y si no sucede, puede incrementarse en la misma cifra, avances se están dando, pero buscamos el compromiso de los alcaldes”, abundó.
Exhortó a los ediles a que previo a la presentación de sus presupuestos a ejercer el año entrante, alrededor del 1 por ciento del total del recurso disponible sea destinado al apoyo a las contralorías municipales, al señalar que en la Ley de Obra Pública se establece que por cada obra, se debería destinar al menos el 3 por ciento para cuestiones de control y auditorías.