El Senado inició la primera jornada de consultas para revisar la minuta de Guardia Nacional, donde especialistas detectaron inconsistencias en los artículos 13, 21 y el transitorio que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, al advertir que al no apegarse a los convenios internacionales lo puede tirar la Suprema Corte.
El especialista del CIDE, Sergio López Ayllón; el ex titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el sexenio pasado, Álvaro Vizcaíno; y el integrante del colectivo Seguridad sin Guerra y Santiago Corcuera, coincidieron en que se requiere modificar la minuta.
Mientras que el especialista en seguridad nacional, Julio Sabines, descartó que el país se encamine a la militarización porque se cree un cuerpo con disciplina militar, al destacar que el mando de la guardia será civil, el poder Judicial es civil, el Congreso es civil, los gobiernos estatales son civiles, de modo que “el país no está militarizándose” porque la Guardia Nacional no será para la defensa nacional.
En su turno el director del CIDE, López Ayllón, recordó que las fuerzas armadas en tiempos de paz no pueden ejercer otra función que la establecida en la Constitución, lo que limita su disposición por parte del Ejecutivo.
Hizo notar que la minuta de los diputados tiene contradicciones en el artículo 21, pues por un lado se habla de cuerpo de carácter civil, pero tiene una junta de jefes de Estado Mayor militar, por lo que “es un híbrido muy peligroso”, pues será la Secretaría de la Defensa Nacional la que opere dicho organismo.
Además de que los delitos cometidos por elementos de la Guardia serán conocidos por tribunales militares, es decir, gozarán de fuero de guerra. “La conclusión es que la Guardia Nacional es una institución militar, pues no se aplicar fuero militar a una institución de carácter civil”.
Sostuvo que la Guardia Nacional debe ser totalmente civil, pues puede ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues en su opinión consultiva Número 4 estableció que por leyes internas debe entenderse toda legislación nacional incluidas las disposiciones constitucionales.
A su vez, Santiago Corcuera coincidió en que si no se ajusta a las obligaciones constitucionales, en cualquier momento la CIDH podría declarar como inconvencional la disposición.
“Este Senado tiene la obligación de realizar el control de convencionalidad legislativo”, planteó, al referir que en su artículo 1 constitucional, México acepta que los tratados internacionales sea parte de la constitucionalidad.
Por lo que como Estado no puede invocar sus disposiciones internas como pretexto para no cumplir con sus obligaciones internacionales y si no se ajusta la Constitución a las obligaciones convencionales, “llegará el momento en que la CIDH declare inconvencional las disposiciones contenidas en la Constitución”, alertó.
Comparó los artículos que contiene la minuta y dijo que, por ejemplo, el artículo transitorio que propone López Obrador no contiene el tiempo propuesto para retirar a las fuerzas armadas.
A su vez, Álvaro Vizcaíno coincidió en que debe fortalecerse la Policía Federal, aumentar el presupuesto destinado a la Guardia Nacional, que tenga un mando civil.
A favor
De su parte, el especialista en seguridad nacional, Julio Sabines, destacó que la Guardia Nacional sería una fuerza de seguridad intermedia, una institución novedosa, creada bajo un marco jurídico distinto, que no actuará para la defensa nacional, ni como coadyuvante en tareas de seguridad pública.
“Si la reflexión es política tomen en cuenta que se está aprovechando lo mejor de las instituciones existentes. Es la suma necesaria de las capacidades instaladas de las corporaciones de seguridad del país. Si es jurídica tengan seguridad que es constitucional y también respetuosa de la convencionalidad de nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Si es social consulten en sus estados”.
Dijo que no puede ser pretexto el carácter militar del adiestramiento de las policías Naval o Militar, pues los planes de formación de las fuerzas armadas incluyen vigilancia de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, protocolos de uso de la fuerza que prohíben el uso de tiros discapacitantes, si no se actúa en defensa propia. Se enseña Proporcionalidad y gradualidad en el adiestramiento.
“Y no son muy distintos de los que reciben los policías federales, que de hecho en muchos casos son adiestrados en centros de adiestramiento regionales de las fuerzas armadas.
“Siempre bajo el mando civil y democrático del Presidente de la República, y del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia no suplanta ni remplaza a cuerpos de seguridad pública locales, ni cambia su obligación Constitucional de brindar seguridad”.
En materia de convencionalidad, subrayó que no se contrapone con los tratados internacionales, porque plantea funciones policiales.
En tanto, el presidente del Senado, Martí Batres, y el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Eduardo Ramírez, defendieron la inclusión del artículo transitorio que pide López Obrador, al considerar que esa la salida para regresar las tropas a los cuarteles.
Al inaugurar los trabajos, Batres señaló que la Guardia Nacional, lejos de ser un instrumento de militarización, sería un instrumento de desmilitarización de la seguridad pública.
“En otras palabras, lo que se propone es que, una vez que se haya desarrollado la Guardia Nacional, la Fuerza Armada deje de prestar su colaboración en seguridad pública. El Transitorio que pide incluir el Presidente de la República, no sólo nos parece a muchos correcto, sino necesario y pertinente”.
Apuntó que es un ayuda para un eventual proceso de desmilitarización de la seguridad pública, pero también un elemento para seguir apoyando a muchas regiones del país que hoy en día, sin la participación de la fuerza militar, quedarían prácticamente en el abismo.