La presidenta Claudia Sheinbaum leyó un comunicado en el que fijó la postura del gobierno mexicano tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.
Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió las solicitudes de extradición y las turnó a la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá analizar si existen pruebas contundentes para proceder conforme a la legislación mexicana.
"El 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos. El 29 de abril, la misma Secretaría, de acuerdo con el marco normativo vigente, turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República (FGR) para la evaluación de dichas solicitudes, conforme a la legislación mexicana".
La jefa del Ejecutivo explicó que al siguiente día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el documento.
"El miércoles 29 de abril al mediodía, el departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York hizo público el levantamiento de cargos, contra 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra el gobernador en funciones de Sinaloa, el senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán".
De manera paralela, la Fiscalía General de la República señaló que iniciará una investigación para recabar toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadunidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
"Anexo a esta acusación, publicó un documento denominado en español, Acusación de reemplazo bajo reserva. Esto llevó un extrañamiento de jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales, acorde con los tratados en la materia".
"Ayer por la tarde, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que establece lo siguiente. con fundamento en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de procedimientos penales y las leyes aplicadas en la materia. Es obligación de la fiscalía a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer, con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin, y en su caso sobre la viabilidad de la solicitud".
En el texto continúa diciendo que, "la propia Fiscalía General de la República estableció que la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial, una orden de aprehensión, se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito".
La mandataria enfatizó que su gobierno defenderá la soberanía nacional y no permitirá la injerencia de un gobierno extranjero en decisiones que competen exclusivamente al pueblo de México.
"Desde que asumí la Presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes".
"Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo".
"Como Presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía, es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación, encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción".
Recordó que, "lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito".
"Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político.
Debe quedar sumamente claro bajo ningún motivo, vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia, y defensa de la soberanía".
La Mañanera del Pueblo 30 de abril | EN VIVO
LG