Estados Unidos empezará a reimplementar el Protocolo de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) programa migratorio del ex presidente, Donald Trump, mejor conocido como “Quédate en México” en las ciudades de San Diego, Brownsville y El Paso que colindan con Tijuana, Matamoros y Ciudad Juárez, respectivamente, informaron fuentes al interior del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) a medios estadunidenses.
Esto luego de que a finales de agosto pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una solicitud de suspensión que presentó la administración de Joe Biden en contra de la orden de un juez en Texas, quien ordenó en agosto pasado reinstaurar la política migratoria de su antecesor la cual obliga a los migrantes, principalmente centroamericanos, a regresar y permanecer en territorio mexicano mientras autoridades estadunidenses deliberan sobre sus peticiones de asilo.
“La política, formalmente denominada Protocolos de Protección al Migrante, se restablecerá primero en El Paso y Brownsville, Texas, así como en San Diego, California", dijo un funcionario del DHS al sitio de noticias Axios.
El revés de la Corte Suprema se dio luego de que el máximo tribunal estadunidense consideró que la administración demócrata no pudo demostrar que la derogación de la política migratoria de su antecesor acontecida en febrero pasado, recién iniciada la presidencia de Biden, no fue "arbitraria y caprichosa".
El gobierno de Biden busca reimplementar el MPP en una fecha que aún no se ha hecho pública, a pesar de que México no ha aceptado aún las condiciones ordenadas por la Corte Suprema, por lo que, la efectividad de la política dependerá de la voluntad de México de aceptar a los migrantes devueltos.
Esto significa que, en última instancia, la administración demócrata ahora está a merced de la cooperación de México en la materia para cumplir con el mandato judicial que se dio luego de que los gobernadores republicanos de Texas y Missouri, Greg Abbott y Mike Parson, respectivamente, se inconformaron en tribunales ante el intento de Biden por echar para abajo la política de Trump, algo que de hecho, fue uno de los ejes de su campaña presidencial.
Al respecto, la vocera del DHS, Marsha Espinosa, comentó a Axios: “No podemos hacerlo hasta que tengamos el acuerdo independiente del gobierno de México para aceptar a aquellos que buscamos para inscribirse en el MPP. Comunicaremos a la Corte y al público el momento de la reimplementación cuando estemos preparados para hacerlo”.
Un día después de darse a conocer la decisión de la Corte Suprema en agosto, la subsecretaria adjunta de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala, aseguró que se buscaría la manera de reimplementar el programa con un enfoque en la protección de los derechos humanos.
Además, confirmó que el gobierno de Biden sostenía pláticas diplomáticas con el gobierno de México para la implementación del programa y cómo hacerlo garantizando un sistema migratorio seguro, ordenado y humano.
Un mes después, a finales de octubre, el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, aclaró que el programa Quédate en México no se puede volver a implementar, a menos que y hasta que, el gobierno de México tome una decisión sobre si está dispuesto a seguir admitiendo deportaciones de migrantes bajo el programa.
Y después, que el gobierno de Estados Unidos sigue sometido a una orden judicial emitida por un juez en Texas la cual exige que se vuelva a implementar el MPP, y mientras sea válida, la administración Biden seguirá cumpliendo de buena fe, incluso, mientras paralelamente continúa impugnando enérgicamente el fallo en otras instancias.
Mayorkas reveló en un memorándum, consultado por MILENIO en su momento, que como parte de dichos esfuerzos, el DHS está involucrado en discusiones continuas y de alto nivel con el gobierno mexicano y ha emitido contratos para construir instalaciones judiciales temporales en Texas.
JLMR