Exigen organismos aprobar de leyes secundarias en materia educativa

Buscan que con la aprobación de las leyes se pueda contar con una educación de calidad, con mejores maestros, una participación activa de los padres de familia y una enseñanza libre de ideologías.

El próximo ciclo escolar 2019-2020 comienza este 26 de agosto | Israel Navarro (Archivo)
Alma Paola Wong
Ciudad de México /

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), así como las ONG Suma por la Educación y Alianza de Maestros, urgieron a los legisladores a contar con leyes secundarias en materia de educación que permitan a los niños, niñas y adolescentes contar con una educación de calidad, con mejores maestros y una participación activa de los padres de familia y libre de ideologías.

Las organizaciones civiles manifestaron su preocupación por que a cinco días del inicio del ciclo escolar, aún está pendiente la aprobación de la Ley General de Educación, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, y la Ley General del Sistema para la carrera de las Maestras y los Maestros.

Si bien, se tiene como plazo su aprobación hasta el 12 de septiembre, las organizaciones temen que se aprueben al vapor y sin la suficiente discusión.

Carlos Aguirre Marín, director de Alianza de Maestros, criticó que en el Sistema Nacional se haya pactado con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) el ingreso directo a las aulas de los egresados de las escuelas normales superiores.

“Los profesores deben contar con un marco claro del proceso de evaluación, capacitación, retroalimentación. La Ley General de Educación carece de principios y articulación en este sentido. Es (un) derecho de los maestros conocer las áreas de oportunidad de mejora y contar con la información y capacitación al respecto”, dijo.

Leonardo García, presidente de la UNPF, reclamó que las leyes dejen fuera a las organizaciones de la sociedad civil, cuando son entidades que juegan un papel relevante en las intervenciones locales, supervisan y promueven la aplicación de buenas prácticas, sobre todo en lugares donde el gobierno no llega a cubrir.

“Es indispensable definir el derecho de los padres y madres de familia a participar en las decisiones que se tomen en el tema educativo, además de recibir información sobre la situación académica y de comportamiento de sus hijos, los métodos pedagógicos aplicados en la enseñanza, la aplicación de recursos en las escuelas, los métodos y criterios de evaluación aplicados tanto a alumnos como maestros”, manifestó.

​dmr

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