Expertos, académicos y representantes de organizaciones civiles expresaron su rechazo a las iniciativas presidenciales de reforma al Poder Judicial y simplificación administrativa para desaparecer organismos como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, por considerar que su aprobación sería un retroceso para el país.
Durante el tercer foro nacional de parlamento abierto “Reformas constitucionales para la justicia” convocado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la mayoría de los ponentes se declararon contra las referidas propuestas del Ejecutivo.
“La iniciativa de reforma al Poder Judicial pretende desmantelar el sistema mexicano de justicia en menos de un año, busca desintegrar los 33 poderes judiciales en menos de doce meses, deshacerse de todos los ministros, magistrados y jueces federales y locales para sustituirlos por candidatos electos por el voto ciudadano”, puntualizó Enrique Barber, jurista del ITAM y del CIDE.
Advirtió, además, que el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende hacer a un lado al Poder Judicial como un poder del Estado, independiente e imparcial, para sustituirlo por un órgano politizado y alejado de la carrera judicial.
En contraste, el académico universitario Jaime Miguel Moreno Garavilla llamó a no tener miedo a la elección de los juzgadores por el voto popular.
“Sí, señores, no le tengamos miedo. En Estados Unidos, 39 de los 50 estados tienen la elección directa de los jueces; en la sociedad helvética, en Suiza, hay elección directa; en Bolivia hay elección directa (…); ¿que se politiza?, política la hacemos todos; ¿que se partidice la impartición de justicia?, eso sí es peligroso y es peligroso que se partidice como está actualmente”, subrayó.
En su turno, el titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Roberto Moreno, cuestionó el intento de traspasar ese organismo a la Secretaría de la Función Pública, echando atrás los avances en la obligación de poderes, organismos autónomos, entidades y municipios para entregar información en la materia.
La consejera del Comité Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, sostuvo a su vez que aprobar la desaparición de la SESNA significaría un retroceso de dos décadas, donde la ciudadanía ha construido instituciones para reclamar sus derechos.
“Hago votos para que este ejercicio no sea una simulación, pues me parece un momento histórico que nos encontremos aquí personas interesadas en la no aprobación de la simplificación administrativa, eliminando instituciones que hacen válidos nuestros derechos humanos, los cuales se mancillarían y causarían un daño irreparable”, remarcó.
Jorge Humberto Salgado, especialista del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), se manifestó igualmente contra la iniciativa de simplificación administrativa para extinguir dicho organismo e incorporarlo a la Secretaría de Medio Ambiente.
Advirtió que la desaparición de dicha instancia sería un retroceso de 50 años en las aportaciones tecnológicas en materia hídrica, particularmente en la coyuntura de la actual crisis del agua en el país.
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