La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó la búsqueda de personas que se presume están involucradas en el desvío de más de 5 mil 112 millones de pesos de las prisiones federales, cuando estuvieron a cargo del ex secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna.
Tras la llegada de Ernestina Godoy, la institución comenzó con la pesquisa de los sujetos señalados, de los cuales tres ya fueron detenidos.
Uno de ellos es el ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social Eduardo Enrique Gómez.
También, Jesús Alberto Caballero Tardaguila y María Vanesa Pedraza Madrid, ambos ex colaboradores del ex secretario que ya fueron vinculados a proceso.
Hace casi tres años, un juez federal ordenó la aprehensión de 61 personas, entre ellos García Luna, así como el empresario Jonathan Alexis Weinberg Pinto y su padre, Mauricio Samuel Weinberg López, por su presunta responsabilidad en peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Alexis Weinberg fue detenido en 2024 en Madrid, España, con fines de extradición. El Ministerio Público federal lo señaló como uno de los principales cómplices y prestanombres de García Luna.
Además de estos empresarios, la FGR imputó a familiares del ex funcionario, como supuestos responsables de los citados delitos.
Según la fiscalía, las investigaciones revelan que durante varios años se estructuró un esquema criminal para saquear recursos públicos del organismo, mediante la asignación de 10 contratos ilegales que generaron un daño patrimonial estimado en 5 mil 112 millones de pesos.
Se cree que los recursos fueron canalizados a empresas controladas por García Luna, sus socios Jonathan Alexis y Mauricio Samuel, así como por familiares y colaboradores cercanos a través de triangulaciones financieras nacionales e internacionales.
Ante la fuga de varios implicados, se solicitó a Interpol la emisión de fichas rojas, además de activar mecanismos de asistencia jurídica internacional para lograr la captura de los prófugos y la recuperación de los bienes saqueados.
Este procedimiento penal se ha llevado de manera independiente de las acciones civiles y denuncias promovidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionadas con otro presunto despojo multimillonario en perjuicio de la extinta Policía Federal, también vinculado con empresas ligadas a García Luna.
Las indagatorias de la UIF y de la FGR señalan que la red criminal operó durante más de una década mediante la simulación de servicios de seguridad, tecnología, equipamiento y vigilancia en cárceles federales, donde las licitaciones eran dirigidas para beneficiar a un reducido grupo de empresas fachada.
En muchos casos, una sola compañía concentraba los contratos, mientras que otras cinco o más servían para dispersar los recursos, dificultando su rastreo. Posteriormente, el dinero era enviado a paraísos fiscales y a Estados Unidos, particularmente a Florida, donde se adquirieron bienes de lujo para blanquear las ganancias.
El entonces titular de la UIF, Pablo Gómez, aseguró que García Luna habría obtenido más de 745.8 millones de dólares a través de al menos 30 contratos con organismos de seguridad.