La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas solo ha judicializado un dos por ciento de sus investigaciones este año, por lo que el Instituto Mexicano para la Competitividad considera que su desempeño es deficiente.
De acuerdo con el IMCO, en 2022 ha iniciado 259 investigaciones y judicializado cinco, de las que cuatro han sido vinculadas a proceso y no se tiene sentencia condenatoria hasta ahora, cifras que colocan a la entidad en el lugar 20.
En los ejes de capital humano y procesos, la instancia fue calificada como “regular” en su desempeño, mientras en resultados se consideró “deficiente”, según lo expuesto.
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En una evaluación efectuada por el Instituto, resultó que el órgano investigador tiene fundamento legal, autonomía, catálogo de delitos de corrupción y organigrama, pero carece de seis variables.
Es decir, incumple al no tener un reglamento interno, manual de procedimientos, protocolo de investigación, de audiencias, de protección a testigos, de entregas vigiladas, de operaciones encubiertas, de corrupción al interior y acuerdos.
Al analizar la cantidad y efectividad de los recursos materiales y financieros de las fiscalías anticorrupción, el Instituto Mexicano para la Competitividad, consideró que en Tamaulipas el cumplimiento es también “regular”.
No obstante, el IMCO destaca que “la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas presentó un mayor aumento en el presupuesto de 2021 a 2022 con 14.1%”.
Se pasó de 6 millones 986 mil 484 pesos a 7 millones 970 mil 823, mientras 15 entidades registraron un decremento en su gasto de hasta el 87.4%, como fue el caso de San Luis Potosí.
Inclusive, si se compara con el presupuesto asignado en el ejercicio fiscal 2019, se observa que el recurso con que cuenta en 2022 esta fiscalía tamaulipeca ha crecido 260%.
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El IMCO analizó el tema de los recursos porque impacta directamente en la operación de las fiscalías, “sin dinero no pueden realizar sus labores, no se pueden abrir ni pagar plazas, o realizar actos de investigación o peritajes”, explicó.
Pese al aumento presupuestal, el número de ministerios públicos adscritos bajó de 13 a 8 entre 2020 y 2022, mientras en peritos se pasó de dos a tres y en policías se mantienen seis.
La carga de trabajo por ministerio público en el mismo periodo, bajó de 52 a 32 investigaciones promedio; los policías atienden 43 y los peritos 86, pero estos últimos llegaron a atender hace dos años 336.
SJHN