La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la Base Aérea Militar número 1 de Santa Lucía, en el Estado de México, lo mantiene enfrentado con organizaciones sociales y empresariales, quienes han logrado frenar legalmente el inicio de las obras y evitar que se cancelen los trabajos en Texcoco, donde la pasada administración edificaba la terminal aérea.
Los grupos que integran el colectivo #NoMásDerroches promovieron 147 demandas de amparo, de las cuales, hasta este momento, han obtenido cuatro suspensiones otorgadas por tribunales colegiados capitalinos y mexiquenses.
Ayer, un tribunal federal otorgó una nueva suspensión, que ordena detener la construcción del aeropuerto en Santa Lucía hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los estudios de seguridad a los que se refieren la Ley de Aeropuertos y su reglamento.
Asimismo, mandata que se mantengan las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) hasta que se revisen a fondo, por parte de un juez de distrito, todos los elementos de prueba que se encuentran en el expediente.
Esta suspensión fue otorgada por el décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, con lo que suman cuatro las medidas cautelares otorgadas al colectivo #NoMásDerroches.
En resumen, con las resoluciones los colegiados ordenaron frenar la construcción del aeropuerto en la base militar hasta que existan los estudios de impacto ambiental, cuente con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia y se entreguen estudios en materia de seguridad, además de que se preserven los avances en Texcoco.
Los juicios de amparo se interpusieron en ocho entidades: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Morelos, Quintana Roo y San Luis Potosí. El objetivo de las organizaciones es que se cancele el proyecto de Santa Lucía y se reanude en Texcoco, ya que el gobierno federal no ha demostrado que cumple con estudios de viabilidad técnica, económica, jurídica, aeronáutica y ambiental, entre otros. También argumentaron que la decisión de suspender el NAIM no está justificada e implica un derroche de recursos públicos.
El vocero del colectivo #NoMásDerroches, Gerardo Carrasco Chávez, dijo a MILENIO que la idea de interponer las demandas en varios estados fue “para abarcar el mayor número de juzgados posibles y encontrar al juez valiente que se atreva a dar suspensiones. Ha habido ya poco a poco más jueces que han estado otorgando suspensiones contra la construcción en Santa Lucía”.
El activista aclaró que la mayoría de los jueces que comenzaron a conocer las 147 demandas se declararon incompetentes. Por ejemplo, el de San Luis Potosí manifestó que era competente el del Estado de México, mientras que éste dijo que le correspondía al de la capital del país, y así sucesivamente.
“Muchas de las demandas aún no son admitidas porque se encuentran sujetas a conflictos competenciales que están resolviendo tribunales colegiados. En los próximos días ya van estar decidiendo los tribunales colegiados a qué juez de distrito le toca conocer” los amparos”, subrayó.
Carrasco resaltó que “hoy ya hay más de 17 jueces que han admitido estas demandas”, y que la estrategia a seguir es seguir robusteciendo los argumentos con las suspensiones provisionales y definitivas que les han concedido.
“Primero obtuvimos suspensiones en materia ambiental, luego en derecho a la cultura, y hoy nos encontramos con estas suspensiones de seguridad aérea y para evitar la destrucción de Texcoco”, añadió.
El vocero indicó que la respuesta de la autoridad a estas demandas es contradictoria, porque “la Secretaría de la Defensa Nacional o la Presidencia niegan que hayan ordenado un aeropuerto en Santa Lucía, pero en otros casos admiten que sí”.
REFINERÍA
VAN AMBIENTALISTAS CONTRA DOS BOCAS
Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), advirtió que iniciarán acciones legales contra el inicio de las obras de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, porque está “fuera de la ley, del marco jurídico ambiental”. Acusó a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, de mentir sistemáticamente, ya que el resolutivo SGPA/DGIRA/DG07172, que mencionó el día que se colocó la primera piedra, solo autoriza obras de dragado en el puerto. Recordó que este resolutivo corresponde a una autorización del 15 de octubre de 2015, promovida por la Administración Portuaria Integral ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, para ampliar el puerto, y que el 24 de mayo pasado solicitaron modificaciones al proyecto para dragado.
SUSPENSIONES
12/06/2019
Cuarta, por falta de estudios de seguridad aérea; ordenan preservar el NAIM.
7/06/2019
Segunda y tercera, por no contar con estudios de impacto ambiental ni con la autorización del INAH.
4/06/2019
Primera, por la falta de dictámenes y permisos ambientales.