Los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados rechazaron el acuerdo presidencial sobre el regreso de las fuerzas armadas a las tareas de seguridad pública, al advertir la militarización de la estrategia anticrimen sin regular ni fiscalizar la actuación del Ejército y la Marina. La fracción tricolor sostuvo además que el retorno de los militares a las calles denota el fracaso de la estrategia de seguridad del actual gobierno.
"Las cifras indican que la estrategia de seguridad no está dando resultados positivos. Con la publicación de este decreto estamos ante un reconocimiento tácito de su fracaso hasta el momento", afirmó la fracción legislativa del PRI.
El PRD agregó que el decreto del Presidente denota el fracaso de la Guardia Nacional.
"El acuerdo presidencial por el que se dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional, denota el fracaso de esta corporación", indicó la bancada del PRD.
En contraste, la vicepresidenta de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Dolores Padierna, afirmó que el referido acuerdo asegura la desmilitarización de la seguridad pública y pone fecha para el regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles.
“Se trata de regularizar a las fuerzas armadas en el combate a la inseguridad pública y se establece un límite para su participación en dichas actividades, a más tardar el 27 de marzo de 2024. En otras palabras, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace el compromiso de que en un sexenio se logre la desmilitarización”, puntualizó la legisladora de Morena.
Padierna subrayó que el acuerdo define una participación extraordinaria, fiscalización y complementariedad de las fuerzas armadas, las cuales estarán subordinadas al mando civil bajo las directrices del pleno respeto a los derechos humanos y el uso regulado de la fuerza.
No obstante, la fracción del PRI, encabezada por René Juárez, expresó su preocupación por el hecho de que se aproveche la emergencia sanitaria para emitir un decreto sin justificar la situación extraordinaria ni establecer los mecanismos para regular y fiscalizar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.
“La reforma no fue un cheque en blanco para que se use una facultad sin los controles que establece la propia Constitución: la falta de definición conduce a interpretar que el gobierno pretende aprovechar esta situación de crisis para emitirlo y concentrar más poder”, acusó.
La bancada priista señaló asimismo que el acuerdo suscrito por López Obrador contraviene las observaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que recomendó a México alejarse del enfoque militarizado y avanzar en una institución civil para garantizar el retiro paulatino y planificado de las fuerzas armadas.
Por separado, la bancada del PRD y su lideresa parlamentaria, Verónica Juárez, alertaron sobre el endurecimiento de las políticas de seguridad pública, pues, dijo, el decreto no establece la temporalidad de las acciones en que participarán las fuerzas armadas, ni la entidad u organismo que las fiscalizará y a quién se subordinarán.
“Si bien las funciones señaladas en el acuerdo ya eran desempeñadas por el Ejército Nacional y la Marina Armada, en funciones de Guardia Nacional, ahora lo podrán hacer de manera directa y sin ninguna restricción”, remarcaron los perredistas.
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