Los fiscales estadounidenses que llevan el caso contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, informaron este lunes que han acumulado en su contra hasta 60 mil páginas entre las que están declaraciones del acusado, registros financieros, registros comerciales y comunicaciones interceptadas.
Así lo revela una carta firmada por el fiscal Richard Donoghue enviada este lunes al juez Brian Cogan y copiada a Cesar de Castro, el abogado defensor de oficio del mexicano acusado de cargos por narcotráfico y de haber aceptado sobornos millonarios de parte del Cártel de Sinaloa.
En la misiva, Donahue pide también al juez Cogan que, debido a la pandemia de covid-19 que aún afecta a la ciudad de Nueva York, posponga la audiencia programada para esta semana por 60 días más, tiempo que tanto él como César de Castro, juzgan suficiente para trabajar cada uno los argumentos de este caso que ha sido catalogado como “complejo”.
El fiscal neoyorquino, alega que por la misma pandemia, ni él se ha podido reunir con testigos del caso, ni el abogado ha podido ver al acusado para preparar mejor su defensa. También alega que el gobierno estadounidense está esperando respuestas de citaciones pendientes en el caso, entre las que está la del propio García Luna.
En el documento el fiscal además, explica que el gobierno estadounidense ha presentado solicitudes del Tratado de Asistencia Legal Mutua para conseguir evidencia en posesión de varios gobiernos extranjeros, incluido el mexicano, “y el gobierno (estadounidense) está esperando respuestas a esas peticiones”.
El pasado viernes 12 de mayo, luego de asistir a una de las conferencias mañaneras en Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, anunció que habían presentado dos denuncias más contra el ex Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón y además anunció que “se ha proporcionado la información a los fiscales de Nueva York, para el procesamiento del caso”.
Desde el pasado 29 de mayo, toda esa información fue enviada a la oficina de De Castro a quien las autoridades le piden que él también envíe a la fiscalía las pruebas con las que piensa descargar las acusaciones que pesan sobre su cliente.
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