El coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque, urgió a la Cámara de Diputados a aprobar la reforma constitucional para definir las obligaciones y establecer la coordinación de autoridades federales, estatales y municipales en esa materia.
“Estamos en un momento coyuntural muy importante para que el mecanismo siga creciendo, pero con un andamiaje institucional y una visión de Estado mucho mayor que le dé capacidades para llegar a más territorio, en donde más se requiera”, señaló.
En reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos en el Palacio de San Lázaro, el funcionario advirtió que los principales focos de riesgo para periodistas y defensores de derechos humanos son el crimen organizado y las autoridades locales.
“Los problemas que tenemos de agresiones de periodistas y de personas defensoras no son en las zonas urbanas (…). Las fuentes de riesgo más importantes que tienen son el crimen organizado y las autoridades locales, principalmente las municipales”, dijo.
Afirmó asimismo que la llamada guerra contra el narcotráfico redistribuyó la violencia en muchas zonas del país, lo que no solo impacta el número de casos de personas desaparecidas y víctimas de tortura, sino también a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
En su presentación ante legisladores, Irazoque informó que en el actual sexenio se han registrado 58 asesinatos de periodistas: dos en diciembre de 2018; 14, en 2019; 17, en 2020; nueve, en 2021; 23, en 2022, y 13 en lo que va de este año.
Detalló que 55 por ciento de esos crímenes se concentra en seis entidades federativas: Sonora, Veracruz, Guerrero, Estado de México, Michoacán y Oaxaca.
A la fecha, 2 mil 170 personas se encuentran bajo resguardo del Mecanismo de Protección, de las cuales 604 son periodistas, mil 179 defensores de derechos humanos y 387 familiares de los beneficiarios.
“Hoy, al quinto año de gobierno, hemos erogado más de 2 mil 500 millones de pesos, lo que permite que podamos llegar a más zonas, a más territorios en donde más periodistas y personas defensoras lo requieren”, agregó el también titular para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Remarcó que para el próximo año se requiere, como mínimo, un presupuesto adicional de 800 millones de pesos.
EHR