Durante este 2026 el gobierno de Hidalgo está obligado a erogar un monto de cuatro millones 999 mil 997.44 pesos para el programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, así lo establece el convenio signado entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Ejecutivo local.
El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 26 de mayo, fija las bases para que la dependencia estatal también aporte y transfiera recursos federales para la ejecución de estas acciones; de acuerdo a la publicación, la cual consultó MILENIO, la Federación aporta un monto adicional de cuatro millones de pesos; es decir, para este efecto el gobierno estatal contará con un presupuesto de ocho millones 999 mil 997.44 pesos.
Por cuanto hace a la finalidad de estos recursos públicos, es para que los organismos encargados de la Función Registral sean más eficientes, eficaces y garanticen la actualización de la información sobre inmuebles, vinculando la información que se genera en ambas instituciones, que permita interoperar e interconectar dicha información en forma sistemática y permanente a la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral.
Igualmente, el gobierno estatal debe llevar a cabo el estricto ejercicio de los recursos destinados exclusivamente para el programa destinado, esto en proporción a la aportación de cada uno de ellos, “en el desembolso de las cuentas se respetará el porcentaje establecido en el resumen financiero del proyecto”; en tanto, con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del convenio los dos niveles de gobierno se sujetarán a lo establecido en el mismo, a los lineamientos y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Finalmente, el documento establece que una vez devengados y conforme al avance del proyecto, los recursos presupuestarios federales que se aporten deberán ser registrados por el gobierno de Hidalgo en su contabilidad, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en la Cuenta Pública de la entidad, sin que por ello pierdan su carácter federal, por lo cual serán sujetos a la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).