M+.- Guadalupe era médica residente de tercer año de Cirugía General en el Hospital Regional 1 de Octubre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el 16 de mayo de 2023, al terminar la consulta externa, su jefe de servicio se le acercó, la abrazó y trató de besarla. Ella intentó apartarlo y le aclaró que era respetuosa de la relación que tenía con su novio.
A él no le importó la negativa y siguió apretando con más fuerza. Cuando por fin ella logró zafarse, el médico se rió y trató el acoso como si hubiera sido una broma. Al día siguiente, la médica escribió su denuncia de puño y letra. Pasaron casi dos años entre el reporte y la resolución, que llegó el 4 de febrero de 2025, cuando el Órgano Interno de Control del ISSSTE determinó que Enrique N., entonces médico jefe de Servicio de la clínica ubicada en la Ciudad de México, la había acosado sexualmente.
En ese mismo hospital, un año antes, otra enfermera había vivido algo parecido. El 13 de febrero de 2022, Martín G., auxiliar de enfermería del ISSSTE, rodeó con su brazo a una compañera, introdujo la mano bajo su uniforme y tocó su pecho sin su consentimiento; además, le espetó un comentario que ella describió como humillante.
La enfermera denunció ante el Comité de Ética del hospital y también se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, por el posible delito de abuso sexual. El Órgano Interno de Control del ISSSTE determinó una inhabilitación de tan sólo un año para Martín G.
Una investigación de MILENIO, con base en la revisión de los expedientes de sanciones a funcionarios federales resueltos durante 2025, encontró que las dependencias reportaron, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, casos que van desde el abuso sexual y el acoso laboral hasta el desvío de recursos públicos, la negligencia en contratos de obra pública, el ausentismo y el uso indebido de vehículos oficiales.
En promedio, el gobierno de Claudia Sheinbaum sancionó a cinco servidores públicos al mes durante 2025: Cinco fueron cesados definitivamente —no podrán volver a la administración federal—, cuatro recibieron inhabilitaciones por 10 años y 13 estarán cesados durante un año.
De los 63 expedientes, 33 terminaron en inhabilitación, la sanción más severa después de la destitución porque impide a la persona sancionada volver a trabajar en el sector público durante el periodo que dicta la resolución. Le siguen ocho suspensiones, seis amonestaciones privadas, cinco ceses definitivos, cinco amonestaciones públicas, cuatro sanciones administrativas y dos suspensiones de sueldo y funciones.
Entre las inhabilitaciones, la duración más común es de un año, con 13 casos, y de tres meses, también con 13 casos, aunque cuatro funcionarios recibieron el máximo de diez años: un empleado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el entonces director de Administración de Lotería Nacional, un jefe de oficina divisional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y un coordinador especialista de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los casos más graves: acoso sexual, desvío de recursos…
De los 63 casos, 18 se explican por un solo motivo administrativo: la omisión de presentar a tiempo la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, un trámite obligatorio para todo servidor público al ingresar, actualizar o dejar su cargo. Ese motivo por sí solo explica los diez casos de la Secretaría de Economía y seis de los siete del Tecnológico Nacional de México (TecNM), además de un caso en el ISSSTE y otro en el Tribunal Agrario.
Descontado ese bloque de declaraciones patrimoniales, el resto de los 45 casos sí corresponde a conductas investigadas de manera individual, y ahí es donde aparecen los expedientes más graves.
Detrás del ISSSTE, como la dependencia con más sanciones, no solo están los dos casos de acoso sexual ya narrados, sino además cuatro ceses definitivos por abandono de funciones o conducta prepotente hacia superiores, suspensiones de entre cinco y 20 días por incumplir funciones médicas o vulnerar la confidencialidad de documentos de pacientes, y una inhabilitación de un año contra un camillero por no presentar a tiempo su declaración patrimonial, el único caso de ese tipo dentro del Instituto.
En el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la sanción más severa del año recayó en un trabajador con nombramiento eventual, Darío M., jefe del Departamento de Servicios Administrativos del Centro INAH Guanajuato.
Desvío de recursos en el INAH
El 24 de febrero de 2023, Darío transfirió, desde la cuenta bancaria institucional que manejaba, 133 mil pesos a una cuenta de un tercero, sin autorización ni justificación alguna. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concluyó, en una resolución del 29 de agosto de 2025, que la conducta constituyó un desvío de recursos públicos conforme al artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y lo inhabilitó por 10 años, la sanción máxima registrada en todo el año.
Otro de los cuatro casos con diez años de inhabilitación ocurrió en la Compañía Federal de Electricidad (CFE). Juan Carlos V., jefe de oficina divisional, fue sancionado por llevar una defensa deficiente en un juicio laboral y en un amparo relacionado: No desahogó una prueba que él mismo había ofrecido y, en la demanda de amparo, no controvirtió cantidades que un juez terminó por obligar a la CFE a pagar dos veces, con el consecuente daño patrimonial para la empresa.
En la misma dependencia, aunque con una sanción de un año, el subgerente divisional José Alfredo M. fue inhabilitado un año por no abstenerse de intervenir en la promoción laboral de su sobrino, pese a tener impedimento legal por el parentesco.
Uno de los expedientes más detallados de todo el conjunto, aunque no el de mayor sanción, es el que documenta un procedimiento contra cinco exfuncionarios de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan (Asipona Tuxpan), entre ellos quien fue director general y varios mandos de Ingeniería, Operaciones y Concursos.
Detectan irregularidades en puerto de Tuxpan
El caso nace de una pesquisa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2018, que detectó irregularidades en tres contratos de obra pública en ese puerto de Veracruz: La construcción de balizas para el señalamiento marítimo y dos contratos de dragado de mantenimiento en las áreas de navegación. Las sanciones contra los cinco exfuncionarios, resueltas en 2025, van de tres meses a dos años de inhabilitación, según la gravedad de la responsabilidad de cada uno en el manejo de esos contratos.
Los casos menos graves se acumulan
En el INAH, un custodio del museo fue suspendido cuatro días por presentarse a laborar en aparente estado de ebriedad y no poder recibir el turno nocturno. Asimismo, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa un analista fue inhabilitado un año por usar para sí mismo un vehículo de la dependencia, sin contar con autorización legal.
En el ISSSTE, una subdirectora de una clínica de medicina familiar fue suspendida seis días porque autorizó la aplicación de la vacuna contra la influenza cinco días antes de que arrancara oficialmente la campaña de vacunación 2021-2022.
Son faltas menores comparadas con el desvío de recursos, el acoso o la negligencia en contratos públicos, pero conforman una parte considerable de las sanciones del año: Entre amonestaciones, suspensiones cortas y declaraciones patrimoniales omitidas suman más de la mitad de los 63 casos.
Todos estos expedientes se resolvieron con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), vigente desde 2017 como parte de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
¿Cómo se aplica la LGRA?
La ley distingue entre faltas administrativas graves, como el desvío de recursos, el cohecho o el enriquecimiento oculto, y faltas no graves, como el incumplimiento de horarios, el trato indebido a compañeros de trabajo o la omisión de trámites administrativos como la declaración patrimonial, y establece un catálogo de sanciones que va de la amonestación privada hasta la inhabilitación y la sanción económica.
Cada dependencia federal cuenta con un Órgano Interno de Control (OIC) que investiga y, en la mayoría de los casos, resuelve directamente. Cuando la falta se califica como grave, el expediente pasa a las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es independiente de las entidades gubernamentales y el que dicta la sanción final, como ocurrió con el caso de Darío M. en el INAH.
Todas las resoluciones de este conteo se dictaron en 2025, ya en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en octubre de 2024 anunció la transformación de la entonces Secretaría de la Función Pública en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, con la promesa de pasar de un enfoque correctivo a uno preventivo en el combate a la corrupción.
Cabe destacar que en 2024 hubo al menos 143 personas que fueron inhabilitadas, suspendidas o cesadas de sus cargos, según la información que las dependencias federales reportaron a través del apartado de funcionarios sancionados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Las que también encabezaron la lista fueron el ISSSTE, la SEP y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica.
Mientras que durante 2023 las oficinas gubernamentales reportaron 139 casos de servidores públicos con sanciones. La Secretaría de Economía, el ISSSTE y la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan lideraron la lista. (fact checking: JRH)
PNMO