Ediles auxiliares de la capital, denunciaron que las obras realizadas con el programa Presupuesto Participativo del 2019, tienen sobrecosto, además de que a la fecha no se les ha entregado, algunas programadas en noviembre, por ello solicitaron la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
En entrevista con MILENIO Puebla, el presidente de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, Miguel López Cosca señaló que en el 2019 se programaron tres obras para el beneficio de la gente, sin embargo hasta el momento no se han concluido.
El subalterno precisó que las obras de los domos que avaló la secretaría de Bienestar, que está al frente del programa no realizó este trabajo, sino que se basó en techumbres en dos escuelas de la comunidad y tiene un sobre costo, cada uno de un millón de pesos.
Asimismo, refirió que la tercera obra es la construcción de una cancha deportiva, no obstante está inconclusa y el pasto sintético ya comenzó a levantarse.
En entrevista por separado el edil de la Libertad, Alfredo Rodríguez Victoria, puntualizó que se le aprobaron tres obras de las cuales sólo ha recibido una, que consiste en la construcción de un domo en el preescolar Emiliano Zapata con un costo de más de un millón de pesos.
La segunda no se ha entregado, un domo en la escuela Narciso Mendoza. Y la tercera obra es la construcción de un módulo de sanitarios en las canchas deportivas denomina Los Pinos, que tampoco se ha concluido. “Estas obras se tenían que entregar para el 30 de noviembre del 2019, pero dos todavía están inconclusas y ya llevamos ocho meses del 2020”.
Por su parte, el edil de Santo Tomás Chautla, Otilio Flores Narro, denunció que el año pasado no contó con ningún tipo de obras o acciones del programa y para el 2020 si fueron tomados en cuenta, “La gente está muy molesta pues ya se llevó a cabo la asamblea y no hay trabajo, sólo se vinieron a burlar de nosotros”.
Ante esto, destacó que el presupuesto del Programa Participativo del 2020 están en riesgo de perderse, debido a que por la contingencia sanitaria se detuvieron las asambleas con los habitantes para decidir qué acciones realizar, por ello solicitó la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
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