Un presunto desvío de recursos superior a los mil millones de pesos en acciones de dragado y fumigación del río Atoyac se ejecutó en los primeros tres meses de 2018 durante el gobierno de Antonio Gali Fayad, reveló el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.
En conferencia de prensa, el mandatario indicó que hay investigaciones en curso por casos de corrupción relacionada al saneamiento del río Atoyac y la presa de Valsequillo, como la compra de los barcos adquiridos por el galismo para limpiar el lirio que "sí existen pero en realidad no sirven", así como el cobro de 300 mdp para dragado y más de 700 mdp en fumigación que fueron cobrados pero las obras no se habrían ejecutado.
"Aquí les va una revelación, no solamente los barcos, estamos investigando un dragado y una fumigación al Atoyac por más de mil millones de pesos que podría no haberse realizado, esas obras de limpia de ríos, de limpia de caminos son las formas en que muchos gobiernos han encubierto verdaderos desfalcos, nunca hacen la obra y aplican el dinero, estamos investigando esos hechos ocurridos en los primeros tres meses de 2018".
Asimismo, dijo que solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) del gobierno estatal una relación de todas las empresas, fábricas, granjas, talleres y domicilios que estén contaminando el río de manera irregular para clausurarlos, pues será la única forma de atender la contaminación que presenta tanto en su paso por Puebla como en Tlaxcala.
Reiteró que gobiernos anteriores fueron omisos en atender esta problemática, incluso, desvíando recursos económicos destinados a tareas de saneamiento y limpieza del Atoyac.
"A lo largo de años y gobiernos, la limpieza y el saneamiento del Atoyac se han convertido en una fuente de corrupción, se han quedado con el dinero de acciones que nunca hicieron".
El pasado 28 de septiembre, los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, la Semarnat y la Conagua, firmaron un convenio-marco para el saneamiento del río Atoyac-Zahuapan y atender la recomendación que en marzo de 2017 emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para dotar a la población aledaña de acceso a una vida saludable y libre de contaminación.
mpl