El gobierno de Puebla gastó durante el ejercicio 2019, un total de 96 mil 100 millones de pesos, monto que fue cuatro mil 400 millones de pesos, es decir, cinco por ciento más, a lo aprobado por el Congreso del Estado.
De acuerdo el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG 2020), realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), del total de los recursos que manejó la administración estatal, 82.8 por ciento se destina para gasto corriente, es decir, nómina y operación del gobierno; mientras que el resto se destina para inversión, pago de deuda y pensiones.
En el rubro gastos de gobierno, la entidad poblana aplicó casi 10 millones de pesos; en Desarrollo Social se aprobaron 55 millones de pesos y se gastaron casi 60 millones de pesos; en Desarrollo Económico se gastaron alrededor de cinco millones de pesos; y en deuda y participaciones, se destinaron cerca de 20 millones de pesos.
“El gasto corriente fue dos por ciento más a lo aprobado y el gasto en inversión fue 36 por ciento mayor”, reporta el análisis presentado este 30 de noviembre por el IMCO, organismo que detalla que se gastó seis por ciento menos de lo aprobado en seguridad pública y uno por ciento menos en salud.
Respecto a los ingresos, el gobierno del estado captó 98 mil 200 millones de pesos, seis mil 400 millones de pesos más, siete por ciento, a lo estimado. Alrededor de 89.8 por ciento de los ingresos provienen de la federación; 8-4 por ciento de ingresos propios y 1.8 por ciento de trasferencias y subsidios. El gobierno de Puebla no tuvo ingresos durante el año 2019 por deuda pública.
Respecto al gasto en ceremonias oficiales, ocho entidades tuvieron un recorte superior al 15 por ciento, Tlaxcala, Puebla, Campeche, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Yucatán y Michoacán; sin embargo, 20 estados ejercieron 20 por ciento más, detalla el IMCO.
Los estados de Guerrero, Coahuila, Durango, Oaxaca, Tamaulipas y Sonora ejercieron más del 30 por ciento del presupuesto aprobado para el pago de traslados y viáticos. Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Morelos y el Estado de México redujeron su gasto en al menos 45 por ciento en esta partida.
“En 2019, los poderes ejecutivos estatales recaudaron 191 mil 489 millones de pesos más de lo estimado (nueve por ciento más). Los ingresos excedentes permiten un mayor gasto. Sin embargo, al no estar debidamente regulados, existe un margen para su uso discrecional. Si las variaciones son sistemáticas reflejan una falla en esta etapa del ciclo presupuestario y se amplían los márgenes de discrecionalidad del gasto”, destacó el IMCO.
Ante la diferencia entre el presupuesto aprobado y el gasto ejercido, el IMCP propone para reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales que limiten el aumento injustificado de partidas de gasto.
“Si un Gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más del 15 por ciento, debe tener la aprobación del Congreso local”.
Por último, el IMCO resaltó la importancia de una mayor participación de los congresos locales en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto y cumplir su función de contrapeso; además, para mejorar la calidad de la información financiera se requiere eliminar el margen de interpretación en la normatividad de contabilidad gubernamental; y publicar en tiempo y forma su información financiera y en un formato de datos abiertos.
“Una cosa es lo que los gobiernos estatales nos dicen que van a gastar (presupuesto) y otra lo que efectivamente gastaron (ejercicio del gasto). Presentar variaciones, es decir, diferencias elevadas entre el presupuesto y lo gastado en un año, puede significar un error de planeación de un ejercicio fiscal, o bien, simulaciones intencionales por parte de las secretarías de finanzas estatales en complicidad de los congresos locales”.
AFM