El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que, con estricto apego a los derechos humanos, su gobierno está "listo" para aplicar la ley contra integrantes del colectivo Pueblos Unidos, quienes hace 7 meses tomaron ilegalmente las instalaciones de la planta Bonafont, en el municipio de Juan C. Bonilla.
En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo estatal señaló que la embotelladora de agua ha presentado diversas denuncias para recuperar su base de operaciones, pero éstas permanecen "estancadas".
"No tienen el derecho de haber ocupado ese lugar y el derecho se ejerce a través de la ley, la empresa Bonafont ha presentado denuncias que están estancadas, es un asunto que tiene una especie de combinación de todo tipo de cosas".
Indicó que en la planta Bonafont se instaló gente que actúa de "buena y mala fe", por lo que su administración ha sido cuidadosa en la manera de enfrentar el problema.
"Ahí se aloja gente que actúa de buena fe y por eso tenemos mucho cuidado en actuar, y otros que no actúan de buena fe, entonces en el estado de Puebla, respetando los derechos humanos, estamos obligados a aplicar la ley, estamos obligados".
Barbosa denunció que, aún y cuando es competencia de la federación intervenir para solucionar el conflicto entre Bonafont y Pueblos Unidos, dicho orden de gobierno ha mostrado desinterés para llegar a un acuerdo.
"Ya hubo reuniones con autoridades federales y estatales y las autoridades federales no tienen mucho interés de participar, pero en Puebla se respeta la ley, no podemos nosotros avalar acciones así".
Fue el 21 de marzo cuando integrantes del colectivo Pueblos Unidos tomaron las instalaciones de Bonafont, ubicadas en San Mateo Cuanalá, junta auxiliar de Juan C. Bonilla, alegando que la embotelladora de agua instaló pozos irregulares que están secando los mantos acuíferos de la zona, además de supuestamente contaminar con aguas residuales el río Metlapanapa.
mpl