El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, inició un nuevo procedimiento para lograr la declaratoria de área natural protegida “Cerro Gordo” en la región de Tehuacán, con el objetivo de preservar especies de plantas y animales y, al mismo tiempo, garantizar actividades productivas de ejidatarios y pueblos originarios.
Ante la falta de la garantía de audiencia a ejidatarios en el proceso pasado, el mandatario poblano anunció la anulación de la declaratoria de área natural nacional protegida “Cerro Colorado” que realizó el gobierno de Puebla en 2016 y que fue publicada en 2017, la cual abarcaba 36 mil 409 hectáreas; y, al mismo tiempo, dio a conocer que inició un nuevo procedimiento.
“El decreto que se emitió no tiene ningún fundamento, se realizó sin procedimiento previo y no se sostiene pues fue violada la garantía de audiencia y, por tanto, todo vuelve al inicio”, expresó Barbosa Huerta.
El mandatario explicó que el nuevo decreto determinará las áreas que deben protegerse en los municipios de Santiago Miahuatlán, Vicente Guerrero, Chapulco, San Antonio Cañada, Tehuacán y Nicolás Bravo; además, tomará en cuenta las opiniones de los presidentes municipales y representantes de los 26 núcleos ejidales involucrados.
Ante el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, y el consejero Jurídico, Ricardo Velázquez Cruz, el gobernador comentó que la siguiente semana firmará el nuevo decreto que contará con un respaldo en estudios técnicos y científicos.
“Hoy que soy gobernador me siento capaz de entender entre vivir de la tierra y cuidar a nuestro planeta. Cuando me dicen que el decreto de 2016 solo fue la emisión de un documento que no tuvo un procedimiento previo con la garantía de audiencia, no todas las 37 mil hectáreas son ejidos y hay propiedad privada, no está de acuerdo en que este decreto siga vigente
Por su parte, David Méndez Márquez, titular de la Secretaría de Gobernación, explicó que la administración actual estableció mesas de diálogo con los pueblos originarios y con los núcleos ejidales para realizar modificaciones a la zona natural protegida “Cerro Colorado” que se ubica en la región de Tehuacán.
“Son seis municipios y 26 núcleos regionales los que están involucrados en la declaratoria de área natural protegida de Cerro Colorado. El gobernador instruyó una revisión de todo lo que involucra este tema, sin dejar a un lado la protección a un medio ambiente. Así es como actúa un gobierno, escuchando a la población y vigilando la protección del medio ambiente. Se acabó el gobierno autoritario”, señaló.
Ante el mandatario y representantes ejidales reunidos en Casa Aguayo, el director de la Tenencia de la Tierra, Lorenzo Martínez Benítez, explicó que la declaratoria de área natural protegida en 2017 abarcó una extensión de 33 mil 409 hectáreas, presentó irregularidades y afectó a seis municipios: Santiago Miahuatlán, Vicente Guerrero, Chapulco, San Antonio Cañada, Tehuacán y Nicolás Bravo.
“Se hicieron cinco mesas de trabajo. Se hizo un estudio serio, acucioso en el que estuvieron presentes diversos núcleos ejidales. Asistieron 20 órganos de representación ejidales que no habían sido tomados en cuenta y su derecho propiedad. El pasado 3 de enero de este año, en el Complejo Cultural El Carmen de Tehuacán, se realizó una cuarta reunión en la que participaron representantes de la Procuraduría Agraria para tener una visión de esta declaratoria, con informes de los presidentes municipales”, explicó.
Señaló que la gestión estatal que estuvo al frente del gobierno de Puebla entre 2011 y 2017, no realizó ninguna notificación ni tomó en cuenta a los núcleos ejidales de la región de Tehuacán y generó diferentes conflictos.
En su oportunidad, el representante ejidal de San Pedro Acoquiaco de Tehuacán, Adelaido Espinosa Velazco, explicó que la declaratoria de “Cerro Colorado” se tradujo en abusos en contra de campesinos y personas de escasos recursos.
“El gobierno ya está reconociendo que no respetaron nuestros derechos, pasaron encima del marco legal agrario. Hablo a nombre de todos los ejidos de Tehuacán, quienes luchamos desde las seis de la mañana para luchar por todo lo que tenemos, la familia”, explicó el representante.
Heriberto Gabriel Balderas Torres, presidente del ejido Bienes Comunales de Santiago Miahuatlán, lamentó que, durante el sexenio del gobernador, Rafael Moreno Valle, se cometieron diferentes abusos sin tomar en cuenta la opinión de los ejidatarios y reconoció que el actual gobierno está realizando las modificaciones correspondientes que beneficiarán a pueblos originarios.
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