A nueve meses de iniciar la nueva administración del alcalde Luis Donaldo Colosio, el municipio de Monterrey desmanteló una red de corrupción de funcionarios de las direcciones de Comercio e Ingresos, que terminó en una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
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La denuncia fue presentada la mañana de este miércoles por Luis Gutiérrez, director Anticorrupción municipal, en el edificio sede de la Fiscalía que encabeza Javier Garza y Garza.
El municipio informó que la Contraloría detectó una serie de presuntos actos de corrupción al interior de la administración, en las áreas de comercio e ingresos.
Además de que se identificaron transferencias bancarias y depósitos en efectivo de los que se desprende un enriquecimiento oculto por parte de los ex funcionarios que están siendo denunciados.
Contraloría Municipal documentó irregularidades patrimoniales al director de Comercio y su equipo de colaboradores cercanos, incluyendo al coordinador, supervisores e inspectores.
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Las irregularidades incluyen la propiedad de vehículos, transferencias bancarias y depósitos en efectivo que no fueron declarados en sus respectivas declaraciones patrimoniales y de intereses.
Estas presuntas irregularidades patrimoniales están vinculadas con el cobro ilícito de cuotas a comerciantes informales y vendedores ambulantes. Por estos hechos, se denunció la comisión del delito contra el patrimonio del estado o de los municipios, cohecho y concusión.
La Contraloría Municipal documentó la edición y cancelación de multas de tránsito relacionadas con conducir en estado de ebriedad total, lo cual está expresamente prohibido por el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio. Se constató que funcionarios de la Mesa de Hacienda ordenaban -sin fundamento legal alguno- editar los conceptos de las multas por alguno de cuantía inferior, así como también cancelaban las facturas que debían reflejar los ingresos derivados del pago de las multas.
La deducción o cancelación en el pago de este tipo de multas consideradas como graves está presuntamente vinculado al cobro de un soborno por parte de los funcionarios de la Mesa de Hacienda, quienes exigían un porcentaje del descuento a los ciudadanos que acudían a pagar su multa.
Independientemente de esto, la edición y cancelación de las boletas de pago y de las facturas está probatoriamente acreditada, lo cual constituye por sí mismo una ilegalidad que se traduce en un daño y perjuicio a la Hacienda Pública Municipal.
Por estos hechos, se denuncia al Jefe de la Mesa de Hacienda, a una cajera y a quien resulte responsable por el delito contra el patrimonio del Estado o de los municipios y cohecho.
En octubre de 2021, MILENIO-Multimedios reveló que comerciantes formales del municipio fueron extorsionados “con la venia de la administración anterior”, además de que provocaron un crecimiento desmedido del “ambulantaje”, en toda la ciudad, según lo denunció el alcalde de Monterrey.