Desde el momento en que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al traslado de 31 dependencias federales a otros estados, empleados de confianza y trabajadores de base se inquietaron y formularon una serie de preguntas sobre problemas que enfrentarán, como inseguridad, deudas, pagos de inmuebles y desintegración familiar, pues hay esposos que laboran en empresas privadas y la cónyuge en el gobierno.
Mientras tanto, el líder de la Federación de Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, ya anticipó cierta disciplina, pero exigió a colaboradores del próximo gobierno “ser cautos y prudentes” con sus declaraciones sobre el supuesto traslado inmediato, pues “han motivado preocupación, incertidumbre y nerviosismo, causando inestabilidad e inclusive irritación social”.
Es el caso de Marian Fuentes Monroy, de 27 años, quien tiene poderosas razones para estar nerviosa. Ella trabaja en el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. “Estamos en shock”, dice. “Es seguro que habrá desintegración familiar”, coincide con otros.
—¿Por qué?
—Le voy a poner mi caso: mi esposo trabaja en la SEP, él iría a Puebla y yo a Guerrero. Desde que nos dijeron ya se nos quitó el sueño, porque tenemos una niña de 3 años y pedimos un crédito del Fovissste hace tres años. Vendimos nuestro carro para poder pagar las escrituras...
Y así, otros más.
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La FSTSE agrupa a un millón 800 mil trabajadores. De los sindicatos que la constituyen, el de la Secretaría de Salud es el más grande, con 350 mil afiliados. Una de las coordinaciones que forman el organigrama es el Sistema Federal Sanitario, que depende de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, donde trabajan mil 200 trabajadores sindicalizados.
El objetivo de esa Comisión, de acuerdo con el Diario Oficial, es implementar políticas, programas y proyectos “al nivel de la mejor práctica internacional, en coordinación efectiva con los diferentes actores del ámbito público, privado y social, para prevenir y atender los riesgos sanitarios, contribuyendo así a la salud de la población”.
Ahí trabaja, desde 2005, el médico veterinario José Roberto Huet Covarrubias, de 59 años. Su tarea es realizar observaciones a entre 10 y 18 programas, dependiendo de la entidad a la que haya sido comisionado. Forma parte de un equipo que realiza vigilancia sanitaria. Sus investigaciones pueden estar enfocadas a playas y lagunas.
“Mantener el agua de calidad y alimentos es uno de nuestros compromisos”, dice Huet Covarrubias, quien participa en el programa de playas limpias, por lo que, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hacen dictámenes ecológicos.
“Los grandes éxitos no son cacareados”, comenta, refiriéndose a lo que hace su equipo, y pone como ejemplo la detección de la marea roja. “Contenemos los riesgos antes de que pasen”, dice orgulloso quien ve con temor los anuncios que se han hecho sobre el cambio de algunas secretarías.
Lo primero que se les viene a la mente sobre el proyecto de cambiar la Secretaría de Salud, dice el veterinario, es la familia y los problemas de inseguridad en Guerrero.
—¿Qué piensa de un supuesto cambio?
—Es afectar el núcleo familiar; además, imagínese, solo en Chilpancingo hay entre cinco y seis muertos diarios.
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Los entrevistados laboran en el edificio que ocupa la Secretaría de Salud en Marina Nacional, un inmueble en obra gris donde fueron concentrado otros entes de esas dependencias, pues algunos edificios fueron afectados durante el pasado temblor.
Y aunque no hay nada definido —los nombres de los estados ya se mencionaron— sobre el cambio anunciado por el próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los trabajadores están preocupados.
Marian Fuentes Monroy, que trabaja en el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, después de asegurar que está en shock, se pregunta: “¿De verdad, qué vamos a hacer?”. Ahora sí que en esta Secretaría de Salud trabajan integrantes de más de tres mil familias”.
—¿Y las deudas?
—Sí, diga usted que dijeran: otro crédito... ¿Y la infraestructura para la seguridad social?
—¿Y su esposo?
—Es ingeniero y trabaja para la Coordinación de Sistemas de la SEP, que tiene conexión con la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional.
Sentado junto a Marian está su compañero de trabajo Luis Aurelio Orozco, quien labora en el área de Recursos Materiales y Servicios Generales. Tiene 70 años. Es mensajero. Se le pregunta si estaría dispuesto participar en un programa de Retiro Voluntario, como los han denominado los subsecuentes el gobiernos federales en anteriores administraciones.
“Sí lo hay, pero me voy, siempre y cuando, sean las condiciones”, determina el hombre. “En radio pasillo se oye que van a dar 200 mil pesos, aparte de nuestra pensión”.
—¿Y usted prefiere quedarse?
—Sí, porque son muchas situaciones: tengo cinco nietos que viven cerca y moralmente los afectaría. Mi nieta la más grande acaba de entrar a la universidad... Y luego la delincuencia en Guerrero, donde está programado el cambio de la Secretaría de Salud. Son muchas cosas.
Y cada trabajador es una historia diferente.
CLAVES
El 1 de este agosto, la FSTSE emitió un comunicado en el que habla de cuatro puntos con los que se “permitirá el alcance de este programa”.
1.- Construcción de vivienda amplia, digna, de calidad y geográficamente bien ubicada. 2.- Infraestructura en educación pública en todos sus niveles, incluyendo universidad.
3.- Otorgamiento de servicios médicos de calidad, a través de clínicas y hospitales que cuenten con plantilla de médicos especialistas, enfermeras y el resto de personal paramédico, y 4.- Es fundamental preservar la integración en el seno familiar.